Para contribuir a la búsqueda de más de 200 niñas y niños reclutados y desaparecidos en el conflicto armado por las Farc-EP, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, en coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), anunciaron la implementación de un Plan de Apoyo a la Búsqueda.

El plan priorizará acciones humanitarias con enfoque territorial, dirigidas a identificar lugares de interés forense en donde se podrían encontrar los cuerpos de niños y niñas reclutados. En su implementación participarán comparecientes de las Farc-EP vinculados a la investigación del Caso 07, así como víctimas acreditadas y el Ministerio Público, en articulación con el Sistema Integral para la Paz.

La decisión respondió al hallazgo de la Sala de Reconocimiento, que determinó la desaparición de al menos 227 niñas y niños reclutados. Este dato fue revelado durante el anuncio de la imputación de seis exintegrantes del Secretariado de las Farc-EP, a quienes se les señala como máximos responsables del reclutamiento y la utilización de niños y niñas, así como de otros crímenes como malos tratos, tortura, homicidio y violencias sexuales, reproductivas y motivadas por prejuicio.

Durante la jornada de socialización de esta decisión judicial del Caso 07, realizada en San José del Guaviare, la magistratura de la JEP subrayó la necesidad urgente de poner en marcha un plan integral de acciones humanitarias que garanticen los derechos de las víctimas, dada la cantidad de niñas y niños reclutados cuyo paradero sigue siendo desconocido.

Los comparecientes tendrán la obligación de participar en este Plan de Apoyo a la Búsqueda y, en consecuencia, el Caso 07 realizará un seguimiento riguroso al cumplimiento de dicha obligación, en el marco de la verificación del régimen de condicionalidad. Además, deberá adoptar un enfoque territorial y abordar de manera específica los casos relacionados con las estructuras de las Farc-EP involucradas en estos hechos.

La jornada contó con la participación activa de víctimas, familiares de niños y niñas reclutados y desaparecidos, así como representantes de diversas instituciones como la Alcaldía de San José del Guaviare, la Gobernación de Guaviare, la Unidad para las Víctimas, la UBPD, el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y Naciones Unidas.

A la fecha, la Sala de Reconocimiento de Verdad ha decretado tres medidas cautelares que abarcan búsqueda, prospección, exhumación, identificación y entrega digna. Estas acciones, desarrolladas en colaboración con la UBPD y Medicina Legal, han permitido la recuperación de 53 cuerpos y la identificación y entrega digna de ocho de ellos. De estos, 6 corresponden a víctimas de reclutamiento que se encontraban desaparecidas, y 4 de ellos son personas que fallecieron siendo aún menores de 18 años.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz – JEP

En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos, denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.

La víctima, quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.

Preliminarmente se conoció que la mujer fue citada en la mañana del sábado hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.

ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial. De igual manera denunció persistente amenazas, seguimientos, perfilamientos, estigmatización, judiciliazación, desplazamiento y asesinato de líderes/as sociales, dirigentes comunales, empresarios y campesinos.

Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.

Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.

El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.

Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.

La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.

Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.

Fuente: Procuraduría General de la Nación