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Familia víctima de las Farc EP en Puerto Lleras será compensada

La familia Jiménez*, integrada por una pareja y sus cuatro hijos, volverá a contar con una vivienda propia, tras 20 años de desplazamiento y abandono de su predio como consecuencia de la violencia ocasionada por las Farc EP en zona rural de Puerto Lleras, Meta.
El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Villavicencio ordenó el reconocimiento de una compensación por equivalencia medioambiental, debido a que el predio se encuentra en zona de riesgo de inundación y no puede ser habitado.
Historia de un desplazamiento
En el año 1994 la pareja de esposos adquirió el predio La Esmeralda de 7 hectáreas y 6.196 metros cuadrados en el que construyeron unas mejoras y se dedicaron a cultivos de pancoger y crianza de animales. Su tragedia comenzó en 2002 cuando guerrilleros del frente 26 de las Farc EP comenzaron a transitar por la finca e incluso tomaban gallinas, productos y otros elementos. Además, informaron al jefe del hogar que debían abandonar el predio, so pena de someterlos al reclutamiento forzado de sus hijos y de atentar contra las vidas de esa familia.
Ante estas amenazas, los Jimenez* no tuvieron más remedio que huir hacia Bogotá, para salvaguardar sus vidas. Con el paso del tiempo, acudieron a la Unidad de Restitución de Tierras, entidad que llevó su caso ante la justicia, logrando que fueran declarados víctimas de desplazamiento y abandono forzado de tierras y a la vez, se ordenara la compensación por equivalencia medioambiental.
Jenny Andrea Capote, directora territorial de la Unidad en Meta, explicó que “en este caso, la familia Jiménez* no podrá retornar al predio abandonado porque se encuentra ubicado en Zona Ambiental Alta, y, por lo tanto, la trasferencia del dominio del terreno pasará a Cormacarena, mientras que la Unidad les comprará un nuevo predio en el lugar que ellos elijan. Además, se ordenan otros beneficios para esta familia, como: subsidio de vivienda, condonación de deudas por concepto de impuestos, proyecto productivo y acompañamiento de las entidades del Estado”.
*Nombres cambiados por seguridad de los beneficiarios.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
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En el Meta, Defensoría y URT buscan que se cumplan fallos de restitución de tierras

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Defensoría del Pueblo adelantaron una Mesa Bilateral en el Meta, con el propósito de analizar casos emblemáticos de restitución y dar cumplimiento a las órdenes judiciales vigentes en la región.
La reunión estuvo presidida por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Gabriel Barreto, y la defensora regional del Pueblo, Dorys Ruiz Vanegas, quienes ratificaron el compromiso institucional de garantizar la representación y participación de la población vulnerable en los procesos de restitución de tierras.
Durante la jornada se abordó el caso emblemático del predio ‘El Carpintero’, ubicado en el municipio de Cabuyaro, el cual se encuentra en etapa judicial e involucra a alrededor de 422 terceros intervinientes, cuya representación judicial estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, se revisaron seis casos con sentencias que ordenan sucesiones, con el fin de hacer efectivas las órdenes de compensación emitidas por los jueces y magistrados especializados.
Durante la reunión se recordó que un tercero es toda persona que tiene una relación o un interés sobre el predio objeto de reclamación. Dicha persona pasa a ser tercero interviniente cuando decide materializar su participación en el proceso, es decir, cuando solicita ser escuchado o presenta pruebas.
Con esta Mesa Bilateral, se reafirmó el cumplimiento de la Instrucción Administrativa Conjunta 002 de 2019, suscrita entre la URT y la Defensoría del Pueblo, que busca garantizar atención jurídica, asesoría y acompañamiento a terceros intervinientes y a segundos ocupantes reconocidos en etapa posfallo.
Finalmente, las entidades acordaron que la próxima sesión de la mesa se llevará a cabo el 4 de diciembre, con el fin de verificar los avances en los compromisos adquiridos y continuar fortaleciendo la protección de los derechos de las comunidades víctimas y terceros ocupantes en el Meta.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
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Condenan a más de 35 años de cárcel a mujer que asesinó a otra por comentarios

La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de conocimiento condenara a Angélica María Romero Manrique, de 26 años, a la pena de 35 años y 6 meses de prisión por el asesinato de una mujer en el barrio Industrial de Villavicencio (Meta), ocurrido el 9 de julio de 2018. La procesada fue hallada culpable del delito de homicidio agravado.
De acuerdo con la investigación de la Unidad de Vida de la Seccional Meta, Romero Manrique interceptó a la víctima cuando caminaba en vía pública junto a su hijo menor de edad. Tras iniciar una riña por supuestos comentarios que habría escuchado, la agresora la atacó con un arma cortopunzante.
La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. El juez negó la suspensión condicional de la pena y la sustitución por prisión domiciliaria, por lo que la condenada deberá cumplir la sentencia en centro carcelario.
La decisión es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley. La Fiscalía destacó que este resultado reafirma su compromiso con la judicialización de los responsables de delitos que afectan la vida y la integridad de las personas.
Fuente: El Diario del Llano
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Ya se habían separado por violencia intrafamiliar, ahora se fue a la cárcel por feminicidio

A la cárcel fue enviado un hombre de 47 años, como presunto responsable de quitarle la vida a su excompañera sentimental, en hechos ocurridos la noche del pasado 9 de septiembre, en un sector residencial de Acacías (Meta).
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó el delito de feminicidio agravado. El procesado no aceptó el cargo.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, el hombre habría llegado a la casa de la víctima, en el barrio La Independencia, donde, al parecer, le causó múltiples heridas con arma cortopunzante en distintas partes del cuerpo, ocasionándole la muerte.
El procesado había sido judicializado y condenado en 2020, por violencia intrafamiliar contra la víctima, quien entonces convivía con él y por esos hechos se separaron.
Fuente: El Diario del Llano