REGIÓN
Ecopetrol anuncia creación de ecoreservas en Casanare y Meta
El Grupo Ecopetrol, con el apoyo del Instituto Humboldt, designó nueve áreas adicionales de conservación que contribuirán a proteger la biodiversidad y la oferta de servicios ecosistémicos en distintas regiones del país.
Se trata de 9 ecoreservas ubicadas en predios de Ecopetrol, Hocol, Cenit y Oleoducto Bicentenario en los departamentos de Casanare, Meta, Córdoba, Boyacá, Santander y Cundinamarca, que se suman a las 6 ecoreservas anunciadas en 2021. De esta forma, se completan 15 zonas de protección que suman, en total, más de 15.000 hectáreas.
Las dos nuevas ecoreservas del Casanare se encuentran ubicadas en Tauramena (1.019 hectáreas) y Monterrey (134 hectáreas) que se suman a la anunciada en 2021, ubicada en Aguazul (559 hectáreas), para un total de 3 áreas de conservación en el departamento.
El anuncio se hizo este jueves durante la presentación de la “Ecoreserva Centenario La Pacora”, en Barrancabermeja, Santander, en el marco de la celebración del primer centenario de la refinería de Ecopetrol en esta ciudad.
La red de ecoreservas tiene como objetivo proteger la flora y fauna de las regiones, así como promover la conectividad entre ecosistemas, el desarrollo sostenible de los territorios y la mitigación de los efectos y adaptación al cambio climático.
“Esta es una iniciativa pionera en el sector del petróleo y gas a nivel nacional e internacional, que demuestra cómo comunidades, naturaleza e industria pueden convivir en un mismo espacio y aunar esfuerzos para conservar la flora y fauna de un país tan megadiverso como el nuestro”, afirmó Santiago Martínez, Gerente de Sostenibilidad y Descarbonización de Ecopetrol.
En estas áreas se construyen planes para fomentar la biodiversidad en los territorios a través de acciones de conservación, restauración, uso sostenible o generación de conocimiento.
Además, se promueve la conectividad entre ecosistemas a través de corredores biológicos que facilitan el desplazamiento de especies entre hábitats, con el fin de repoblar áreas y crear nuevas comunidades biológicas.
La protección de bosques, humedales, esteros y ciénagas, entre otros ecosistemas, genera una mayor adaptabilidad ante eventos de climas extremos como sequías y temporadas de lluvias, dado que estos ayudan a regular los ciclos naturales del agua.
Esta iniciativa de conservación hace parte del convenio Fibras, una estrategia del Instituto Humboldt y Ecopetrol para la planificación y gestión de la biodiversidad y sus contribuciones al bienestar, a partir de información de base científica.
De acuerdo con Juliana Cortés, líder del componente de Red de Ecoreservas de la estrategia Fibras, “las Ecoreservas van a permitir reconocer la conservación efectiva fuera de las áreas protegidas, además de conservar áreas importantes para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos y pueden aumentar la representatividad ecológica, la conectividad y actuar como zonas de amortiguación de áreas protegidas. A nivel de la empresa, esta figura aporta a la repartición de responsabilidades o corresponsabilidad en los procesos de conservación, apoya los cumplimientos de los objetivos estratégicos de Ecopetrol y contribuye al cumplimiento de los objetivos de conservación del país”, concluyó la investigadora.
La red de ecoreservas también ofrece beneficios para las comunidades cercanas a estas áreas de conservación, a través del fomento de alternativas de sustento sostenible como negocios verdes y la incorporación de mejores prácticas en ganadería y agricultura.
Así mismo, la protección y mejora de los servicios ecosistémicos permite la provisión de agua, así como actividades de recreación, ecoturismo y comercialización de productos no maderables (frutos, semillas hojas, etc).
La meta del Grupo Ecopetrol es contar con 50 ecoreservas en el año 2030, en línea con su plan de descarbonización y transición energética.
Fuente: Ecopetrol
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
