META
Justicia profiere primera sentencia de restitución de tierras en el Meta
Beatriz Ramírez* y sus ocho hijos serán compensados con un nuevo predio a cambio del que debieron abandonar por cuenta de la violencia registrada en la inspección de La Julia en el municipio de Uribe, Meta, tristemente recordado por haber sido un bastión de las Farc.
Así lo ordenó el Juzgado segundo Civil Especializado en Restitución de Tierras, al proferir la primera sentencia en esta jurisdicción.
En 1988, doña Beatriz* adquirió una casa lote de 702 metros cuadrados, en la que construyó una casa de madera con habitaciones, sala comedor, cocina y piso de tierra y en la que habitaba junto con su esposo y sus hijos. La tranquilidad para esta mujer y su familia terminó en 2006 cuando le informaron que la guerrilla de las Farc EP, tenía intenciones de reclutar a sus hijos de 12 y 18 años, tal como había ocurrido años atrás con un menor de 15 años.
A mediados de ese mismo año, doña Beatriz*, viajó a Villavicencio al sepelio de otro de sus hijos, cuando recibió una llamada en la que le contaron que el Ejército había instalado un campamento y unas trincheras en su predio. Sumado a ello se presentaron constantes enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla, por lo que debieron salir huyendo para salvaguardar sus vidas.
Jenny Andrea Capote, directora de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, informó que la entidad llevó este caso ante la justicia, que, finalmente, ordenó la restitución mediante la compensación. Por lo tanto, el predio pasará a ser administrado por el grupo Fondo de la URT, mientras que a la familia beneficiaria se le comprará un nuevo terreno de similares características en el sitio que elijan.
Además de la compensación, la familia de Beatriz* tiene derecho a la oferta institucional de Estado como garantía para su reparación integral.
Fuente:
Covioriente, informa que desde este jueves 2 de mayo se presentarán pasos controlados a un carril al puente vehicular sobre el río Upía ubicado en el kilómetro 105+500 de la ruta nacional 6510, para realizar labores de mantenimiento de la estructura.
Estas actividades se desarrollarán durante dos meses aproximadamente e incluyen la instalación y reemplazo de las juntas de dilatación, diseñadas para unir cada una de las secciones del puente y permitir movimientos longitudinales, verticales y rotaciones que puedan presentarse debido al paso de los carros o eventos sísmicos, brindando un tránsito seguro e ininterrumpido a los usuarios.
Las labores implican la implementación del Plan de Manejo de Tráfico que contempla la reducción del flujo vehicular a un solo carril, acompañado de señalización, iluminación y controladores.
Fuente: Covioriente
Por primera vez en el departamento del Meta, una asociación afrometense adquirió terrenos en Castilla La Nueva con recursos de regalías, con el objetivo de mejorar su calidad de vida en el desarrollo de proyectos productivos.
En el marco de la Ley 2056 del 2020, el municipio adquirió 46,5 hectáreas de tierra que entregó a las comunidades negras de la asociación ‘ASRAC’ (Asociación Afrodescendiente de Castilla La Nueva), por habitar en territorios con influencia de la industria petrolera, en las cuales se beneficiarán 200 familias que trabajan en colectividad.
La Gobernación del Meta realizó acompañamiento durante todo el proceso a la asociación, por medio de la gerencia de Asuntos Étnicos de la secretaría Social.
El enlace para las comunidades afro de la gobernación del Meta, James Aguilar, destacó que los recursos fueron asignados con el porcentaje de regalías aportando el 4,5 por ciento de estos recursos el municipio y el dos por ciento de regalías del departamento que dicta la Ley.
Así mismo, se espera la entrega de tierras a comunidades afro metenses en otros municipios como Acacías, Guamal y Puerto Gaitán.
Fuente: Gobernación del Meta
Tras el consejo de seguridad realizado en el municipio de Granada, se anunció la adopción de un paquete de medidas tendientes a enfrentar a la delincuencia, incluyendo entre ellas el pago de recompensas.
Entre esas acciones la secretaria de Gobierno del Meta, Andrea Lizcano Noguera, informó que, como parte de la estrategia trazada se definió una recompensa de 5 millones de pesos por información que conduzca al decomiso de armas y explosivos, y una recompensa de 20 millones de pesos por datos que faciliten la captura de extorsionistas que operan en la región.
Las autoridades locales hacen un llamado a la ciudadanía a colaborar activamente en la lucha contra el crimen, proporcionando información relevante que contribuya a la identificación y captura de aquellos que amenazan la paz y la tranquilidad de la comunidad.
Se reitera el compromiso de mantener una comunicación abierta y transparente con la población, en aras de construir un entorno seguro y próspero para todos los habitantes.
Fuente: Gobernación del Meta
