META
Cormacarena ha cumplido con trámite de permisos ambientales en Villavicencio
Un reporte técnico reciente, indica que durante el 2020 la alcaldía de Villavicencio radicó 17 permisos relacionadas con la atención de deslizamientos de tierra o derrumbes causados por el invierno, de los cuales 15 debieron archivarse por incumplimiento de los requisitos por parte del municipio, mientras que, en el 2021 radicó 21 trámites, de los cuales 16 hasta la fecha no registran la cancelación de los derechos de pago.
El 29 de septiembre de 2020, la Corporación recibió una solicitud de permiso de ocupación de cauce del puente del barrio Comuneros por aparente afectación, apenas un mes después la alcaldía allega la documentación exigida, pero sin el soporte de los derechos de pago, por lo que en noviembre de 2021 dicho trámite debió archivarse.
En cuanto a la construcción de la fase 1 de la avenida Colombia, la administración municipal radicó los permisos incorrectamente, es decir el de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal por separado, cuando debió hacerse de manera unificada. Adicionalmente, el municipio adjuntó el pago de otra obra que no corresponde a ese trámite, generando confusión y solamente 5 meses después corrigieron el error y cancelaron los derechos de pago.
Frente al permiso de ocupación de cauce en el caño Maizaro entre los barrios Popular y Recreo, ya han pasado más de 6 meses y la administración local no ha cancelado los derechos de pago que permitan avanzar con el trámite. Asimismo, el proceso de ocupación de cauce para el puente de Villa del Sol se encuentra estancado, dado que pasados 4 meses la alcaldía no ha hecho allegar unos requerimientos exigidos por la Corporación.
De igual forma, en agosto de 2021 se otorgó oportunamente el permiso para la intervención del puente frente al centro comercial Villa Julia sobre la avenida Alfonso López, sin embargo, luego de casi 6 meses no se han ejecutado las obras correspondientes y sigue el riesgo inminente en esa zona céntrica de la ciudad.
Para el caso del puente del parque Infantil que colapsó el 30 de abril de 2021, ocasionando alto riesgo y que mantiene restringido el paso de vehículos, el municipio no ha presentado ante la Corporación, ninguna solicitud formal de permiso para realizar algún tipo de obra o intervención en ese sector.
Lo anterior, demuestra el desconocimiento del trámite, la falta de pago oportuno y la ausencia de radicación de documentos por parte de la alcaldía, situación que solo se presenta en Villavicencio y no ocurre en el resto de municipios del Meta que también atiende Cormacarena.
Fuente: Cormacarena
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
