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Exconcejal de Mapiripán desplazado por la violencia será compensado
La familia Gómez* tiene derecho a la restitución, pero por orden judicial no regresará al predio abandonado por presión de las Farc en la inspección de Puerto Alvira y será compensada con una nueva vivienda.
En 1988, Jesús Gómez* y su esposa adquirieron un predio de 372 metros cuadrados en el que habitaban junto a sus hijos; luego establecieron una tienda y una heladería como actividad comercial de la cual derivaban el sustento familiar. En 1990 el señor Gómez* fue elegido como presidente del Concejo Municipal en representación del partido Conservador y además fue el primer presidente de la Junta de Acción Comunal de Puerto Alvira, situación que generó fuertes contiendas políticas con el partido Unión Patriótica y con la guerrilla de las Farc-EP.
Un año después, don Jesús* fue informado que las Farc-EP lo habían declarado objetivo militar por lo que esa guerrilla tenía un plan para asesinarlo en el sector de Caños Negros, razón por la cual él y su familia debieron huir hacia Villavicencio para salvaguardar sus vidas. Una vez los integrantes del grupo ilegal, tuvieron conocimiento de su salida, se encargaron de arrojar todas sus pertenencias al río Guaviare y de demoler la casa.
Jenny Andrea Capote, directora de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, informó que la entidad llevó este caso ante la justicia, que ordenó que los integrantes de la familia Gómez* sean titulares del derecho fundamental a la restitución, cuya materialización se concretará con la entrega de otro predio de similares características. En este caso el Juzgado primero Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio tuvo en cuenta la petición de los solicitantes quienes por su avanzada edad y por los problemas de seguridad no desean regresar a la zona.
Además de la compensación con un nuevo predio, la familia Gómez, tiene derecho a la oferta institucional de Estado como garantía para su reparación integral.
*Nombres cambiados por seguridad de las víctimas*
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upíaucción de una cancha sintética con un costo mayor a $1.000 millones
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
