META
Resguardo indígena Villa Lucía en Mesetas reclama más de dos mil hectáreas de tierra
Con el propósito de restituir los derechos territoriales del resguardo indígena Villa Lucía, perteneciente al pueblo Nasa, la Unidad de Restitución de Tierras, presentó una demanda étnica ante el Juzgado Segundo Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Actualmente el territorio colectivo está conformado por 69 familias que se ubican en el municipio de Mesetas (Meta), Con la demanda admitida por la justicia, se pretende reclamar 2.659 hectáreas y 6.437 metros cuadrados.
El acompañamiento de la Unidad Restitución de Tierras tiene como objetivo lograr la reparación integral de esta comunidad indígena que ha sido víctima de la violencia por la presencia de grupos armados ilegales. Algunas de las afectaciones más evidentes fueron las restricciones a la movilidad al interior del resguardo, que dieron lugar al confinamiento y abandono.
Jenny Andrea Capote, directora Territorial Meta señaló que esta demanda, además tiene entre otras pretensiones, lograr que los integrantes de la comunidad hagan uso y disfrute del territorio, “buscamos que se garanticen los derechos a la propiedad colectiva, a un ambiente sano; a la cacería, a la pesca y recolección; todo esto fortalecerá la seguridad alimentaria, la generación de ingresos propios, y la relación espiritual con el territorio de esta comunidad”.
Finalmente, la directora Jenny Capote, manifestó que con la radicación de esta acción judicial se da cumplimiento al compromiso asumido con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y reiteró la necesidad de procurar que la comunidad indígena Villa Lucía, acceda a su derecho fundamental a la restitución y al goce efectivo de su territorio ancestral de acuerdo a la cultura y formas de organización propias.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
