CASANARE
“El general Montoya nos evaluó por litros de sangre”: Excomandante Gaula Casanare
Tres exintegrantes del Ejército vinculados en casos de ‘falsos positivos’ en Casanare reconocieron este miércoles ante sus víctimas su responsabilidad en la comisión de esos hechos. Entre ellos, el mayor (r) Gustavo Soto Bracamonte, que comandó el Gaula militar en ese departamento entre 2006 y 2007, unidad que dejó más de 70 víctimas.
“Vengo a reconocerles que yo soy el victimario de sus seres queridos”. Con esas palabras, el mayor retirado del Ejército y excomandante del Gaula Militar de Casanare, Gustavo Soto Bracamonte, se paró este miércoles 10 de noviembre ante decenas de víctimas en Yopal y reconoció su responsabilidad en los casos de ‘falsos positivos’ cometidos bajo su comandancia en ese departamento. En un acto sin precedentes, humano y conmovedor, él y otros dos miembros retirados del Ejército le pidieron públicamente perdón a sus víctimas y al país.
En el acto convocado en conjunto por la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, Soto Bracamonte respondió por más de 70 víctimas de ejecuciones extrajudiciales que dejó su paso por esa unidad entre 2006 y 2007, y por las que ya fue condenado en la justicia ordinaria. En su intervención, leyó los nombres de una decena de sus víctimas y señaló sin dubitaciones: “Estas personas no eran combatientes ni delincuentes. Se reportaron de esa manera solo para satisfacer las necesidades de mis superiores”.
Allí mismo, relató en detalle las presiones que tuvo cuando llegó a dirigir el Gaula Militar en Casanare, desde los comandantes de brigada y división. Contó que a su llegada el entonces comandante de la brigada, coronel Henry Torres Escalante, lo recibió con la presión de los resultados de su antecesor: “No se vaya a dejar ganar del mayor Camargo, que es un excelente oficial, mire los resultados. Y me mostró ahí en el centro de operaciones, en un tablero blanco de unos 50 cm, todos los resultados de la brigada 16. Resultados reflejados en muertes”, dijo Bracamonte.
Según dijo, un sinnúmero de operaciones que terminaron ocasionando ‘falsos positivos’ se hizo porque llegaba el DAS u otros organismos de seguridad con supuesta información sobre extorsiones, con la cual se montaban los operativos. “Esas investigaciones donde está involucrado personal del DAS, del CTI, la Fiscalía de Villavicencio nunca las tocó, nunca las verificó. Pensarían ellos que porque estaba el DAS y el CTI no eran operaciones cuestionadas”, sostuvo.
En su relato, afirmó que a principios de 2007 firmó un acta en la que se comprometía a dar 25 bajas, pues la brigada tenía la meta de dar 100 bajas. Y explicó el origen de esas metas: “Fueron metas que puso el general Montoya. Entonces el comandante de la división decía ‘si yo tengo que dar 400 bajas y tengo 4 brigadas, cada una me da 100 bajas’. Y el comandante de brigada decía ‘si tengo 4 unidades, cada una me da 25′. Y así era como dividían qué cantidad le correspondía a cada uno”.
Así, dijo, se presentó una “carrera por las bajas” entre la brigada 16 y la cuarta brigada, de Barranquilla. “Hubo un momento en que la brigada 16 iba adelante, había pasado a la cuarta. Después nos decían ‘hermano mire a ver qué pasó porque nos pasó la cuarta brigada, ya dieron cinco, dieron ocho (bajas), miren a ver. Entonces empezaban todas esas presiones y lo que hicieron fue asesinar gente inocente: a todas ellas siempre se les maquilló como que pertenecían a una organización criminal, pero eso no era así”.
En su intervención recalcó con vehemencia el papel que en toda esa estructura jugó el general (r) Mario Montoya, entonces comandante del Ejército. “El general Montoya hacía programas radiales cada 15 días o cada mes, y en esos programas siempre leía las 10 primeras unidades, recalcando las muertes en combate, pidiendo resultados operacionañes. El Gaula Casanare siempre estuvo entre las 10 primeras, a mí siempre me felicitaban. Pero allí pude ver cómo amenazaba el general Montoya a muchos comandantes, a quienes les decía que los relevaba por no brindar resultados operacionales”.
La presión no solo se daba en los programas radiales. El mayor retirado Soto Bracamonte sostuvo que en una reunión en agosto de 2006 de todos los comandantes de unidades tácticas de esa división con el comandante del Ejército, Montoya también amenazó comandantes. “El comandante de la brigada proyectaba con videobeam los resultados de cada unidad y el comandante de cada una pasaba al frente, para que el general Montoya lo viera. Ahí pude ver cómo amenazó con relevar al comandante del batallón de infantería Joaquín París de San José del Guaviare por falta de resultados operacionales. Posteriormente lo relevó”.
“Lo peor que le pasó al Ejército fue la comandancia del general Montoya, porque siempre nos evaluó pidiéndonos litros de sangre. Yo era el comandante del Gaula acá y no tuve la gallardía y la berraquera para negarme a esa práctica irregular”. Y añadió: “200 años de historia del Ejército y me tocó la época más difícil, la del general Mario Montoya”.
“Todo era acomodado”
Igual de profundo y vehemente resultó el testimonio del sargento segundo retirado del Ejército Faiber Amaya, quien también se paró en la misma tarima, de frente a las víctimas. Hizo énfasis en el grado de subordinación que enfrentan los militares frente a sus superiores, desde el primer momento en que entran a esa institución. “Desde que ingresamos nos dicen: ‘Todo acá es a orden. Usted no puede levantarse si no es a orden; no puede ir al baño si no es a orden; si quiere hablar, es a orden. Todo lo que usted haga, es a orden’. Así se inicia la subordinación y eso a nosotros nos lo meten tan en el fondo de nuestra mente que si a usted le dicen tiene que pararse acá todo el día en un retén, usted todo el día se queda ahí, sin chistar, ni decir una palabra, porque usted está cumpliendo una orden”, explicó y agregó que esa subordinación fue la que lo llevó a cometer ‘falsos positivos’.
En su caso, tuvo un rol administrativo, encargado de darle apariencia de legalidad a las operaciones que causaban esas víctimas. “Todo iniciaba con la información que traía el informante, que solamente con decir ‘fulano de tal es…’, ya con eso se lanzaba una operación militar, autorizada por el comandante del Gaula y de la brigada. El resultado: todo era una película montada, nada de lo que pasaba en los documentos que nosotros dejábamos era la realidad. Todo era acomodado, todo organizado. Esos supuestos informantes no lo eran, sino que eran reclutadores, que nos traían esos jóvenes inocentes, que no tenían nada que ver con la guerra”, sostuvo.
Relató que cuando iniciaron las investigaciones en la justicia ordinaria, fue una estrategia coordinada guardar silencio y tratar de ocultar lo que estaba ocurriendo. “Empezó a correr la voz: nadie diga nada, guardemos silencio, no hablemos de nada. Tratábamos de tapar todos estos crímenes atroches que cometimos. Siempre negamos, pero nunca, nunca, se nos pasó por la mente hacer lo que estamos haciendo hoy”.
Igualmente, mirando a las víctimas, les dedicó unas palabras para tratar de resarcir en algo el nombre de sus seres queridos asesinados a manos del Gaula Militar del Casanare, acusados de guerrilleros. “Sus hijos, sus hermanos, sus padres, sus primos, sus tíos no eran malas personas, ni mucho menos, como lo dijeron en medios radiales o en informes de operaciones, no pertenecían a ninguna organización armada, ni eran guerrilleros. Fueron víctimas de las malas decisiones y de las irresponsabilidades de nosotros como miembros de una institución. nunca se contrastó ninguna información para decir que eso era tal y como lo decía el supuesto informante. Fueron víctimas de nosotros y no tenían nada que ver con el conflicto. Eran jóvenes con futuros, y qué importante hoy decirles y reconocer el buen nombre de esas personas que murieron en nuestras manos”, afirmó.
A los dos militares, junto a otro que habló de forma anónima durante el acto, los escucharon las familias de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el departamento. Según cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre 2002 y 2008, 246 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Casanare. Por eso, ese territorio fue uno de los priorizados por esa jurisdicción para la investigación en el caso 03, sobre los ‘falsos positivos’.
Para el abogado Fernando Rodríguez Kekhan, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y quien también intervino en el acto, lo que sucedió hoy es de una importancia trascendental. “Lo que pasó en el encuentro es una muestra de que en Colombia es posible llegar a reconciliaciones, es posible llegar a tener paz verdadera. Es un ejemplo importante por parte de los victimarios que desde sus experiencias de vida muestran arrepentimiento, solicitan perdón, pero más que eso, dan verdad y muestran realmente interés de llegar a un perdón por parte de las víctimas, aportando lo que ellos saben y vivieron durante el conflicto”.
Si bien, sostiene Rodríguez, son pocos los comparecientes agentes del Estado ante la justicia transicional frente a todo el universo que involucra los falsos positivos, es un paso fundamental. “Falta mucho, bastante, pero es un buen principio”.
Fuente: Tomado de www.elespectador.com
El Gobierno nacional declaró libre de contaminación por minas antipersona más de 1.800 metros cuadrados de terrenos ubicados en los alrededores de la escuela del municipio La Salina, en el departamento de Casanare.
Las labores de desminado beneficiaron directamente a 58 personas de la comunidad e impactaron de manera indirecta a 83 más, quienes ahora transitan por el lugar y asisten a la escuela con tranquilidad, confirmó la Consejería Comisionada de Paz.
Las labores se iniciaron en el 2022 y estuvieron a cargo del grupo de Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) que designó al operador de desminado humanitario The HALO Trust para llevar a cabo las operaciones de despeje.
El área despejada es conocida como Camino Potrero Grande, está situada a tan solo 150 metros de una escuela veredal de este municipio, reconocido por sus minerales, café, cerros encumbrados y paisajes de inmensa belleza.
En coordinación con la Consejería Comisionada de Paz se adelantan actividades de educación en el riesgo de artefactos explosivos con los habitantes de las áreas intervenidas.
Estas actividades, dirigidas especialmente a niñas, niños y docentes, fueron fundamentales para promover el autocuidado y generar una cultura de comportamientos seguros dentro de la comunidad.
Con el compromiso de los operadores de desminado, el Gobierno trabaja en diversos territorios del país para salvaguardar la integridad de las comunidades, restableciendo sus derechos básicos y construyendo territorios más seguros.
Fuente: Presidencia de la República
El departamento de Casanare se consolida como líder en la gestión de proyectos para el sector salud, logrando una importante asignación de recursos que beneficiará a miles de habitantes con mejores servicios de atención primaria.
Gracias a la gestión del gobernador César Ortiz Zorro ante el Ministerio de Salud y Protección Social, se anunció la asignación de 6.267.882.228 millones de pesos del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento para la vigencia fiscal 2024. Los recursos, bajo el programa de “Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud” de la Ley 100 de 1993, se destinarán a fortalecer la infraestructura de la red hospitalaria del departamento.
Estos recursos, gestionados en coordinación con la Gobernación de Casanare a través de la Secretaría de Salud, Alcaldías y Empresas Sociales del Estado (ESEs) de los municipios, serán distribuidos de la siguiente manera:
- Red Salud Casanare: $4.063.388.055 millones para adecuar 13 Puestos de Atención Primaria en Salud (PAPS) en Monterrey, San Luis de Palenque, Recetor, Nunchía y Hato Corozal.
- Hospital Local de Tauramena: $1.724.758.053 millones para adecuar PAPS en las veredas Carupana, Raizal, Tunupe, Vigía y Corocito.
- ESE Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego: $479.736.120 millones para adecuar el PAPS en la vereda San José de Bubuy, en Aguazul.
El gobernador César Ortiz Zorro destacó el reconocimiento por parte del ministro Guillermo Jaramillo, quien exaltó a Casanare como “el departamento más juicioso en la radicación de proyectos para el sector salud”.
Actualmente, la gestión en salud se refleja en los siguientes avances:
- Proyectos de adecuación menor: De 74 PAPS presentados, 24 cuentan con asignación de recursos, 6 están en proceso de resolución y los demás tienen concepto de viabilidad.
- Transporte de pacientes: 20 ambulancias aprobadas con recursos asignados y 4 más en trámite para el Hospital Regional de la Orinoquía (HORO), Aguazul y Tauramena.
- Dotación de equipos: 105 equipos básicos de salud adjudicados, en trámite los equipos para especialistas y comunidades como la UWA.
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Este esfuerzo conjunto reafirma el compromiso con la salud y el bienestar de los casanareños, garantizando el acceso equitativo a servicios médicos de calidad, especialmente en las zonas rurales más apartadas.
“Hoy vemos los frutos de meses de trabajo conjunto. Seguiremos fortaleciendo nuestro sistema de salud, atendiendo las necesidades de nuestra gente y construyendo un Casanare más saludable para todos”, afirmó el gobernador Zorro.
Fuente: Gobernación de Casanare
En el marco de la Primera Cumbre de Mandatarios Pacto por la Seguridad Vial, iniciativa del gobernador César Ortiz Zorro; Casanare dio un paso contundente hacia la reducción de los índices de accidentalidad en el departamento.
Con la participación de alcaldes de los diferentes municipios y entidades nacionales como la Federación Colombiana de Municipios, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Superintendencia de Transporte, el Simit y la Procuraduría Regional, se consolidaron compromisos y estrategias conjuntas para enfrentar las muertes por siniestros viales, que reportan la pérdida de más de 140 vidas en lo corrido del 2024.
Uno de los puntos destacados del evento fue el reconocimiento de la Federación Colombiana de Municipios al gobernador César Ortiz Zorro, por la creación del primer Observatorio de Seguridad Vial en Casanare, una iniciativa pionera en Colombia que posiciona al departamento como referente en análisis de datos y planeación estratégica en movilidad.
En el marco de la cumbre, la Federación fortaleció las capacidades de los organismos de tránsito del departamento con una importante donación de equipos, que incluye 10 comparenderas digitales para sancionar infracciones en tiempo real, 4 alcohosensores para garantizar controles más efectivos sobre la conducción responsable, una cámara ANPR (Reconocimiento Automático de Placas) para monitorear y controlar vehículos en circulación, un kiosco de autoconsulta para facilitar trámites ciudadanos de manera ágil y eficiente y material pedagógico para promover la educación vial entre los habitantes de Casanare.
Durante la cumbre, el gobernador encargado Álvaro Rivera destacó que “La seguridad vial es una prioridad del gobernador César Ortiz Zorro. Este pacto simboliza nuestro compromiso conjunto para proteger vidas, con educación, tecnología y control. Además, el Observatorio de Seguridad Vial nos permitirá tomar decisiones informadas y hacer de Casanare un ejemplo para el país”.
Por su parte, la superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina, resaltó “Reconocemos y aplaudimos las voluntades de los alcaldes y del gobernador César Ortiz Zorro, que han hecho de la seguridad vial una prioridad. Este trabajo conjunto es clave para salvar vidas”.
Fuente: Gobernación de Casanare
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