CASANARE
“El general Montoya nos evaluó por litros de sangre”: Excomandante Gaula Casanare
Tres exintegrantes del Ejército vinculados en casos de ‘falsos positivos’ en Casanare reconocieron este miércoles ante sus víctimas su responsabilidad en la comisión de esos hechos. Entre ellos, el mayor (r) Gustavo Soto Bracamonte, que comandó el Gaula militar en ese departamento entre 2006 y 2007, unidad que dejó más de 70 víctimas.
“Vengo a reconocerles que yo soy el victimario de sus seres queridos”. Con esas palabras, el mayor retirado del Ejército y excomandante del Gaula Militar de Casanare, Gustavo Soto Bracamonte, se paró este miércoles 10 de noviembre ante decenas de víctimas en Yopal y reconoció su responsabilidad en los casos de ‘falsos positivos’ cometidos bajo su comandancia en ese departamento. En un acto sin precedentes, humano y conmovedor, él y otros dos miembros retirados del Ejército le pidieron públicamente perdón a sus víctimas y al país.
En el acto convocado en conjunto por la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, Soto Bracamonte respondió por más de 70 víctimas de ejecuciones extrajudiciales que dejó su paso por esa unidad entre 2006 y 2007, y por las que ya fue condenado en la justicia ordinaria. En su intervención, leyó los nombres de una decena de sus víctimas y señaló sin dubitaciones: “Estas personas no eran combatientes ni delincuentes. Se reportaron de esa manera solo para satisfacer las necesidades de mis superiores”.
Allí mismo, relató en detalle las presiones que tuvo cuando llegó a dirigir el Gaula Militar en Casanare, desde los comandantes de brigada y división. Contó que a su llegada el entonces comandante de la brigada, coronel Henry Torres Escalante, lo recibió con la presión de los resultados de su antecesor: “No se vaya a dejar ganar del mayor Camargo, que es un excelente oficial, mire los resultados. Y me mostró ahí en el centro de operaciones, en un tablero blanco de unos 50 cm, todos los resultados de la brigada 16. Resultados reflejados en muertes”, dijo Bracamonte.
Según dijo, un sinnúmero de operaciones que terminaron ocasionando ‘falsos positivos’ se hizo porque llegaba el DAS u otros organismos de seguridad con supuesta información sobre extorsiones, con la cual se montaban los operativos. “Esas investigaciones donde está involucrado personal del DAS, del CTI, la Fiscalía de Villavicencio nunca las tocó, nunca las verificó. Pensarían ellos que porque estaba el DAS y el CTI no eran operaciones cuestionadas”, sostuvo.
En su relato, afirmó que a principios de 2007 firmó un acta en la que se comprometía a dar 25 bajas, pues la brigada tenía la meta de dar 100 bajas. Y explicó el origen de esas metas: “Fueron metas que puso el general Montoya. Entonces el comandante de la división decía ‘si yo tengo que dar 400 bajas y tengo 4 brigadas, cada una me da 100 bajas’. Y el comandante de brigada decía ‘si tengo 4 unidades, cada una me da 25′. Y así era como dividían qué cantidad le correspondía a cada uno”.
Así, dijo, se presentó una “carrera por las bajas” entre la brigada 16 y la cuarta brigada, de Barranquilla. “Hubo un momento en que la brigada 16 iba adelante, había pasado a la cuarta. Después nos decían ‘hermano mire a ver qué pasó porque nos pasó la cuarta brigada, ya dieron cinco, dieron ocho (bajas), miren a ver. Entonces empezaban todas esas presiones y lo que hicieron fue asesinar gente inocente: a todas ellas siempre se les maquilló como que pertenecían a una organización criminal, pero eso no era así”.
En su intervención recalcó con vehemencia el papel que en toda esa estructura jugó el general (r) Mario Montoya, entonces comandante del Ejército. “El general Montoya hacía programas radiales cada 15 días o cada mes, y en esos programas siempre leía las 10 primeras unidades, recalcando las muertes en combate, pidiendo resultados operacionañes. El Gaula Casanare siempre estuvo entre las 10 primeras, a mí siempre me felicitaban. Pero allí pude ver cómo amenazaba el general Montoya a muchos comandantes, a quienes les decía que los relevaba por no brindar resultados operacionales”.
La presión no solo se daba en los programas radiales. El mayor retirado Soto Bracamonte sostuvo que en una reunión en agosto de 2006 de todos los comandantes de unidades tácticas de esa división con el comandante del Ejército, Montoya también amenazó comandantes. “El comandante de la brigada proyectaba con videobeam los resultados de cada unidad y el comandante de cada una pasaba al frente, para que el general Montoya lo viera. Ahí pude ver cómo amenazó con relevar al comandante del batallón de infantería Joaquín París de San José del Guaviare por falta de resultados operacionales. Posteriormente lo relevó”.
“Lo peor que le pasó al Ejército fue la comandancia del general Montoya, porque siempre nos evaluó pidiéndonos litros de sangre. Yo era el comandante del Gaula acá y no tuve la gallardía y la berraquera para negarme a esa práctica irregular”. Y añadió: “200 años de historia del Ejército y me tocó la época más difícil, la del general Mario Montoya”.
“Todo era acomodado”
Igual de profundo y vehemente resultó el testimonio del sargento segundo retirado del Ejército Faiber Amaya, quien también se paró en la misma tarima, de frente a las víctimas. Hizo énfasis en el grado de subordinación que enfrentan los militares frente a sus superiores, desde el primer momento en que entran a esa institución. “Desde que ingresamos nos dicen: ‘Todo acá es a orden. Usted no puede levantarse si no es a orden; no puede ir al baño si no es a orden; si quiere hablar, es a orden. Todo lo que usted haga, es a orden’. Así se inicia la subordinación y eso a nosotros nos lo meten tan en el fondo de nuestra mente que si a usted le dicen tiene que pararse acá todo el día en un retén, usted todo el día se queda ahí, sin chistar, ni decir una palabra, porque usted está cumpliendo una orden”, explicó y agregó que esa subordinación fue la que lo llevó a cometer ‘falsos positivos’.
En su caso, tuvo un rol administrativo, encargado de darle apariencia de legalidad a las operaciones que causaban esas víctimas. “Todo iniciaba con la información que traía el informante, que solamente con decir ‘fulano de tal es…’, ya con eso se lanzaba una operación militar, autorizada por el comandante del Gaula y de la brigada. El resultado: todo era una película montada, nada de lo que pasaba en los documentos que nosotros dejábamos era la realidad. Todo era acomodado, todo organizado. Esos supuestos informantes no lo eran, sino que eran reclutadores, que nos traían esos jóvenes inocentes, que no tenían nada que ver con la guerra”, sostuvo.
Relató que cuando iniciaron las investigaciones en la justicia ordinaria, fue una estrategia coordinada guardar silencio y tratar de ocultar lo que estaba ocurriendo. “Empezó a correr la voz: nadie diga nada, guardemos silencio, no hablemos de nada. Tratábamos de tapar todos estos crímenes atroches que cometimos. Siempre negamos, pero nunca, nunca, se nos pasó por la mente hacer lo que estamos haciendo hoy”.
Igualmente, mirando a las víctimas, les dedicó unas palabras para tratar de resarcir en algo el nombre de sus seres queridos asesinados a manos del Gaula Militar del Casanare, acusados de guerrilleros. “Sus hijos, sus hermanos, sus padres, sus primos, sus tíos no eran malas personas, ni mucho menos, como lo dijeron en medios radiales o en informes de operaciones, no pertenecían a ninguna organización armada, ni eran guerrilleros. Fueron víctimas de las malas decisiones y de las irresponsabilidades de nosotros como miembros de una institución. nunca se contrastó ninguna información para decir que eso era tal y como lo decía el supuesto informante. Fueron víctimas de nosotros y no tenían nada que ver con el conflicto. Eran jóvenes con futuros, y qué importante hoy decirles y reconocer el buen nombre de esas personas que murieron en nuestras manos”, afirmó.
A los dos militares, junto a otro que habló de forma anónima durante el acto, los escucharon las familias de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el departamento. Según cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre 2002 y 2008, 246 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Casanare. Por eso, ese territorio fue uno de los priorizados por esa jurisdicción para la investigación en el caso 03, sobre los ‘falsos positivos’.
Para el abogado Fernando Rodríguez Kekhan, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y quien también intervino en el acto, lo que sucedió hoy es de una importancia trascendental. “Lo que pasó en el encuentro es una muestra de que en Colombia es posible llegar a reconciliaciones, es posible llegar a tener paz verdadera. Es un ejemplo importante por parte de los victimarios que desde sus experiencias de vida muestran arrepentimiento, solicitan perdón, pero más que eso, dan verdad y muestran realmente interés de llegar a un perdón por parte de las víctimas, aportando lo que ellos saben y vivieron durante el conflicto”.
Si bien, sostiene Rodríguez, son pocos los comparecientes agentes del Estado ante la justicia transicional frente a todo el universo que involucra los falsos positivos, es un paso fundamental. “Falta mucho, bastante, pero es un buen principio”.
Fuente: Tomado de www.elespectador.com
CASANARE
Yopal fortalece procesos de resocialización, se donaron elementos de aseo, alimentos y ropa
La Secretaría de Desarrollo Social de Yopal, a través del programa habitante de calle y con el apoyo de la gestora social Paula Ruíz, impulsó la estrategia “diciembre es amor, y en familia es mejor”. Se realizó una jornada de donación de elementos de aseo, alimentos no perecederos y ropa, destinada a usuarios de la Fundación Caminos de Vida que adelantan procesos de desintoxicación y resocialización.
Esta iniciativa busca fortalecer las acciones humanitarias y el acompañamiento integral a quienes transitan procesos de recuperación del consumo de sustancias psicoactivas y habitabilidad en calles. La Administración Municipal reafirma su compromiso de brindar herramientas para reconstruir proyectos de vida, ofrecer segundas oportunidades y transmitir un mensaje de esperanza y solidaridad.
Durante la jornada, diversas entidades y personas, incluyendo ciudadanos, empresas, comerciantes y funcionarios públicos, aportaron insumos esenciales. Estas donaciones son clave para mejorar las condiciones de bienestar de los beneficiarios y contribuir a su permanencia en el proceso terapéutico.
La Secretaria de Desarrollo Social, Marcela Hernández Forero, enfatizó la relevancia de sumar esfuerzos interinstitucionales y comunitarios para dignificar la vida de quienes enfrentan desafíos. “Estas donaciones representan más que elementos materiales; son un mensaje de esperanza para quienes están dando pasos valientes hacia su recuperación”, expresó.
Finalmente, la administración municipal hizo una invitación a toda la ciudadanía, empresas y organizaciones a unirse a estas acciones solidarias. El objetivo es claro: transformar vidas y generar oportunidades reales para que las personas puedan reinsertarse positivamente en la sociedad de Yopal.
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
