META
Capturados integrantes del ‘Clan del Golfo’ en Meta, Casanare y Cundinamarca
Luego de la captura de ‘Otoniel’, máximo cabecilla del Clan del Golfo el pasado sábado 23 de octubre de 2021, continúa la Ofensiva Operacional contra esta estructura criminal en el resto del país.
Es así como autoridades lograron asestar otro importante golpe afectando así la subestructura “Gonzalo Oquendo Urrego” del Clan del Golfo, con injerencia criminal en los departamentos del Meta y Casanare.
En Villavicencio fueron capturados los criminales: ‘Sebastián o Cejas’, ‘Pipe o Taiwán’, ‘Tasmania’, ‘Patiño’, ‘Barbas o Dunkler’ y ‘Robeiro’; estos dos últimos, en el peaje Chinauta de Fusagasugá – Cundinamarca y el municipio de Villanueva en Casanare respectivamente.
De acuerdo con los investigadores, estos sujetos contaban con roles determinantes al interior de la organización, entre los que se encuentran:
‘Sebastián o Cejas’: con 40 años de edad, es el principal cabecilla de finanzas, encargado del recaudo de los dineros en los departamentos del Meta y Casanare.
‘Barbas o Dunkler’: de 24 años de edad sería el segundo cabecilla de finanzas a cargo del recaudo de dinero en Villavicencio y Barranca de Upía en el Meta.
‘Pipe o Taiwán’: de 36 años, cumple su rol como cabecilla primero de narcotráfico de la organización, lidera las rutas clandestinas para el tráfico de estupefacientes en la región de la Orinoquía.
‘Tasmania’, ‘Patiño’ y ‘Robeiro’: se desempeñan como integrantes de la red urbana criminal al servicio del ‘Clan del Golfo’, principalmente en el casco urbano de la capital metense.
Al mismo tiempo, se estableció que estas seis personas cumplían más de 16 meses al servicio del Clan del Golfo y desarrollaban su actividad criminal en los departamentos del Meta y Casanare cuya financiación se soporta en el narcotráfico y disputa territorial con grupos de delincuencia organizada, la exigencia indiscriminada de extorsiones mediante amenazas a comerciantes, ganaderos, empresarios de la región de los Llanos Orientales.
Por otra parte, se logró establecer que estarían vinculadas de más de 20 hechos de homicidio registrados en el año 2020 y lo corrido del 2021 en departamento del Meta; entre estos, resalta la acción criminal que segó la vida del señor Pedro Pablo Roa García, Inspector de Policía de Villavicencio, el pasado julio del presente año.
Los seis capturados junto a los elementos incautados fueron presentados y dejados a disposición de la Fiscalía 187° de la Dirección Nacional Especializada contra el Crimen Organizado DECOC de la ciudad de Villavicencio, donde deberán responder por los delitos que se les señala.
Durante los procedimientos de captura, se logró la incautación de: seis equipos móviles celular, tres tarjetas sim card, un arma traumática tipo pistola, marca Ekol Jackl Dual, una caja de cartuchos calibre 20 milímetros y $26’500.000 en efectivo.
Fuente: Policía Meta
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
