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Desarticulado en el Meta grupo de delincuencia común ‘Los Vaqueros’
En el barrio Primero de Junio del municipio de Granada, autoridades lograron la desarticulación del grupo delincuencial común organizado ‘Los Vaqueros’, tras materializar la captura de sus cuatro integrantes.
Se trata de sujetos conocidos en el ambiente criminal como: ‘Bazuco’, ‘Divino Niño’, ‘Perro Sonso’ y ‘Topo’, señalados de la comisión de delitos asociados al hurto de cabezas de ganado en la región del Ariari.
‘Los Vaqueros’ serían los responsables de los hechos registrados el pasado mes de octubre del año anterior, donde 15 semovientes bovinos fueron hurtados de una finca ubicada en zona rural de Puerto Lleras. En este hecho, los cuatro sujetos ahora capturados, llegaron a esta finca alrededor de las 4:00 de la mañana intimidando a las víctimas con armas de fuego y encerrándolas en una habitación del mismo inmueble.
Luego de esto, procedieron a embarcar los semovientes en un vehículo tipo camión con destino desconocido. La Policía Nacional al conocer la denuncia por este suceso, asignó un grupo investigativo especial, el cual adelantó las diligencias pertinentes a establecer la ubicación de los bovinos y la captura de los responsables. La búsqueda se amplió hasta la ciudad de Bogotá D.C. donde fueron halladas e identificadas las reses al interior de un matadero, en el cual lastimosamente ya habían sido sacrificadas.
Las investigaciones judiciales, avanzaron con la recolección de declaraciones juradas, reconocimiento de personas en álbum fotográfico, entrevistas a testigos, lo que permitió obtener los elementos materiales probatorios y evidencias físicas y generar las órdenes de captura desde el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Lleras, por los delitos de hurto agravado en concurso heterogéneo con concierto para delinquir, falsedad marcaria, fabricación tráfico porte y/o tenencia de armas de fuego y/o municiones y secuestro simple.
Asimismo, se estableció la línea criminal y las responsabilidades de cada integrante de este grupo criminal:
‘Bazuco’ de 48 años de edad: se desempeña como cabecilla de la organización, al igual se destaca por manejar todos los eslabones del hurto de ganado como fuente de financiación y sería la persona encargada de alquilar y buscar las fincas para cometer los hurtos.
‘Divino Niño’ de 37 años: es quien realiza las labores de inteligencia en zonas rurales, con el fin de verificar la vulnerabilidad de los predios para así, poder cometer los hechos delictivos.
‘Perro Sonso’ y ‘Topo’ de 31 y 26 años de edad respetivamente: serían los encargados de tramitar las papeletas y guías sanitarias para la movilidad y transporte de los semovientes ante el Instituto Colombiano Agropecuario, utilizadas para evadir los controles de las autoridades.
Fuente: Policía Meta
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
