REGIÓN
En Boyacá fue fabricado primer carro eléctrico de carga de América Latina
En la empresa Tractec S.A.S., en Paipa, fue diseñado y ensamblado un auto eléctrico: único en su clase en Latinoamérica.
Detrás de la buena nueva para la región, está Juan Felipe Acevedo, boyacense de 27 años de edad, que estuvo motivado por su creencia en un futuro sostenible y en la calidad de la mano de obra a su alrededor.
Acevedo adelanta los trámites de la patente ante la Superintendencia de Industria y Comercio, así como de la matrícula, procesos tras los cuales podría culminar pruebas en vías urbanas y durante trayectos largos.
Una de las principales características del automotor, es que transporta tres veces más carga que otros de fábricas internacionales.
La estrategia ‘Innovación más País’, impulsada por la administración anterior en alianza con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, seleccionó en 2018, once ideas de negocio de empresas que identificaron oportunidades para productos y procesos resultantes de modelos exitosos y con valor agregado. Su competitividad constituyó un objetivo central.
Como Tractec S.A.S, las demás organizaciones económicas fortalecieron capacidades en los niveles gerencial y directivo de innovación, de forma personalizada.
Cada una de las 11 empresas, recibió apoyo por más de 120 millones de pesos, en promedio, por parte de Gobierno departamental, la ANDI y el MinCiencias para entrenamiento especializado y en efectivo, cifra sumada a las contrapartidas de las propias compañías, que en el caso de Tractec S.A.S fue de cerca de 30 millones de pesos.
‘Innovación más País’ también es consecuencia del trabajo conjunto entre las secretarías de Planeación y Desarrollo Económico del Gobierno Boyacá Avanza, liderado por Ramiro Barragán Adame, cuya prioridad es la gestión del conocimiento al servicio de la relación armónica entre las comunidades y el territorio, premisa que fue estipulada en el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023: ‘Pacto Social por Boyacá, tierra que sigue avanzando’.
Según la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente, desde su fabricación, un vehículo eléctrico emite casi tres veces menos dióxido de carbono (CO2) del que expulsa a la atmósfera un automóvil de gasolina o de diésel. Hacía 2030, los carros eléctricos expulsarían cuatro veces menos que los modelos de combustibles fósiles.
Junto a empresas como Autobuses AGA de Colombia S.A., otra beneficiaria de ‘Innovación Más País’, Tractec S.A.S. consiguió el cometido. Acevedo sostuvo que, en conjunto, buscan crear un verdadero ecosistema de Innovación para Boyacá, y que esperan seguir contando con la institucionalidad.
Fuente: Gobernación de Boyacá
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
