ARAUCA
Cárcel para señalados por secuestro y tortura de mujer transgénero en Arauca
Al acoger los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, un juez con funciones de control de garantías de Arauca envió a la cárcel a Teófilo Ramón Ceballos y Óscar Fabián Colmenares Correa, presuntos responsables de agredir física y verbalmente a una mujer transgénero.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas, los hechos ocurrieron en el barrio Unión, del municipio de Arauca este 5 de junio a las 10 de la noche, cuando los hoy procesados al parecer abordaron a la víctima y mediante engaños la habrían llevado hasta un lote en construcción. Se presume que allí, luego de amenazarla con armas de fuego, la amordazaron de pies y manos para golpearla e insultarla.
Según la denuncia instaurada por la víctima, quien estuvo retenida en contra de su voluntad por más de cuatro horas, durante el ilícito, supuestamente Ceballos y Colmenares Correa le gritaban que debía aprender a vestirse como hombre y, al ver que ella tenía su cabello largo procedieron a cortárselo.
Posteriormente habría sido despojada de su ropa y forzada a bañarse en agua fría, mientras, según la declaración, era golpeada en su cabeza y rostro.
Además, se estableció que, luego de que la mujer logró desatarse y huir hacia su residencia, al parecer llegaron los presuntos agresores a ese lugar a continuar con las agresiones.
Tras los llamados de auxilios de los familiares, los procesados fueron capturados en flagrancia por la Policía Nacional, con el apoyo de los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) quienes adelantaron los actos urgentes.
En el desarrollo de las audiencias preliminares, la Fiscalía les formuló cargos por los delitos de tentativa de transfeminicidio (identidad de género) agravado, en concurso con secuestro simple y tortura, tras la presentación de informe pericial de clínica forense practicado con la aplicación del protocolo de Estambul y emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
La seguridad de nuestras comunidades se refuerza con la llegada de 180 nuevos patrulleros de la Policía Nacional, quienes se integran de inmediato a las labores de vigilancia y convivencia ciudadana en los siete municipios del departamento.
Este refuerzo es resultado de las gestiones adelantadas por la Gobernación de Arauca ante el Gobierno Nacional y permitirá una presencia policial más cercana, oportuna y efectiva, tanto en zonas urbanas como rurales, protegiendo a las familias, el comercio y la tranquilidad del territorio.
