CASANARE
Confirman pérdida de investidura de la diputada Lady Patricia Bohórquez
La Sección Primera del Consejo de Estado, con ponencia del Magistrado Roberto Augusto Serrato Valdés, confirmó el fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Casanare el pasado 13 de marzo de 2020, mediante el cual se decretó la pérdida de investidura de la Diputada y actual Presidenta de la Asamblea Departamental de Casanare, Lady Patricia Bohórquez Cuevas.
La demanda inicial está sustentada, en que la diputada Bohórquez Cuevas participó el 07 de enero de 2020, en la elección de una Contralora Departamental (e), cuando debió declararse impedida pues tenía dos investigaciones o procesos de responsabilidad fiscal en su contra en ese organismo de control. En su momento y previo a la elección, los diputados Carlos Fredy Mejía y Zoraida Barreto le advirtieron a Lady Patricia Bohórquez de la existencia de un posible conflicto de intereses por las investigaciones en su contra, a lo que respondió señalando desconocer la existencia de las mismas.
El 21 de enero del mismo año, al momento de elegir Contralor Departamental en propíedad, Lady Patricia Bohórquez Cuevas fue recusada por uno de los participantes en la elección, recusación que ella no aceptó.
Se señaló dentro de la investigación, que la Contralora (e) le mintió al Tribnal Administrativo de Casanare, al señalar que no existían procesos de responsabilidad fiscal en contra de la diputada Lady Patricia Bohórquez, configurándose una falsedad ideológica.
En virtud de la existencia de un proceso de responsabilidad fiscal en su contra, el 16 de enero de 2020 Lady Patricia Bohórquez pagó la suma de $4.675.276 para que cesara la acción fiscal en su contra.
No se declaró impedida
Señaló el Tribunal Administrativo de Casanare en su fallo, que la diputada Lady Patricia Bohórquez para la fecha de designación de la Contralora (e) “tenía un interés directo, personal y de caracter económico, cuya segunda instancia o en consulta debía ser resuelta por la Contralora designada”.
“… lo apenas obvio era declararse impedida, pero no lo hizo, es decir, realizó un acto contrario al interés general, pues una persona no púede intervenir en la selección de sus propíos jueces fiscalles”, reza el fallo de primera instancia emitido por el Tribunal Administrativo de Casanare y confirmado por el Consejo de Estado.
En su momento, el Tribunal Administrativo de Casanare ordenó compulsar copias a la Procuraduría y la Fiscalía para que se investigara la actuación de la Contralora (e) Carmen Lucía Bernal Niño, quien certificó que no existían investigaciones fiscales contra la Diputada Lady Patricia Bohórquez Cuevas, pero luego certificó que sí exsitía una investigación contra la cabildante, pero que la misma no había sido notificada. En las dos certificaciones se omitió por parte de la funcionaria, certificar la existencia de un proceso fiscal contra Bohórquez Cuevas, el cual había sido notificado a la procesada el 31 de octubre de 2017.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos, denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima, quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoció que la mujer fue citada en la mañana del sábado hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial. De igual manera denunció persistente amenazas, seguimientos, perfilamientos, estigmatización, judiciliazación, desplazamiento y asesinato de líderes/as sociales, dirigentes comunales, empresarios y campesinos.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
