REGIÓN
Boyacá tendría su primera zona franca con extensión en Paipa y Duitama
En Colombia las zonas francas son consideradas como un área geográfica delimitada en donde se desarrollan actividades comerciales, agroindustriales, de bienes y servicios, bajo un régimen especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior.
El Gobierno departamental lidera el proyecto de zona franca en esta región del país para impulsar una ambiciosa estrategia de reactivación económica, con el fin de atraer inversionistas nacionales e internacionales que la apuesten a Boyacá como un polo de desarrollo a gran escala.
La Secretaría de Desarrollo Empresarial de la Gobernación se reunió con los alcaldes de Duitama y Paipa, así como con el gerente del Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá Gabriel Álvarez y el gerente de la Zona Franca de Bogotá, Diego Francisco Vargas, para exponer el proyecto con el que se empezaría a consolidar la primera zona franca del territorio boyacense.
Alejandro Mejía, director de Inversión y Comercio de la Gobernación, explicó que este proyecto servirá para atraer inversión, desarrollar el territorio y aumentar la cantidad de productos que Boyacá exporta a diferentes países del mundo.
Según Mejía, la Zona Franca estaría ubicada en dos partes: una en el Parque Industrial de Duitama y otra en el Parque Industrial de Paipa. Tendría una extensión máxima de 20 hectáreas, divididas entre sí por una distancia inferior a los 1.000 metros para aprovechar la cercanía con el Aeropuerto Juan José Rondón de Paipa y su ubicación paralela al corredor vial que comunica a Bogotá con Sogamoso.
“El apoyo de la alcaldesa Constanza Ramírez y del alcalde Fabio Medrano es total y se sumarían a la Gobernación de Boyacá para sacar adelante este proyecto. Entre todos vamos a revisar una propuesta que nos haga la Zona Franca de Bogotá para hacer una serie de estudios que permitan adelantar el trámite que se necesita para obtener la declaratoria de zona franca”, explicó Mejía.
El director de Inversión y Comercio de la Gobernación de Boyacá señaló que uno de los primeros pasos que se debe dar para avanzar con el proyecto, es la realización de una consultoría que tendría un valor superior a los 250 millones de pesos y que tardaría, por lo menos, ocho meses, tiempo suficiente para definir los estudios de prefactibilidad, factibilidad, financieros y ambientales.
El pasado 15 de marzo, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, emitió el Decreto N° 278 del 2021, con el cual se modificaron varios aspectos del Régimen de Zonas Francas para fortalecer los sectores de manufactura, comercio, servicios y agroindustria.
Fuente: Gobernación de Boyacá
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
