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Luis Ángel Vargas, puntaje perfecto Icfes en el Meta contó su experiencia con la prueba

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El pasado sábado en la mañana Luis Ángel Vargas Peña saltó de su cama, desayunó y caminó directo monte arriba de su casa por 30 minutos, en una vereda de Cumaral (Meta), rumbo a un alto para coger señal de Internet en su celular.

Tenía afán por conocer sus calificaciones en las pruebas Saber 11 del Icfes. Lo vio y no lo creyó: sacó 500 puntos de 500 posibles. Era el primer estudiante en la historia del departamento del Meta en sacar el resultado perfecto en las pruebas del Estado. Lo logró sin tener Internet prepago en su celular ni computador en la casa. Otra paradoja y reto: quiere ser Ingeniero de Sistemas.

Su primer contacto con el celular que le cayó en las manos hace dos años se iba convirtiendo en adicción con un videojuego de combate en línea. “Las dos horas que me duraba una recarga en el celular las consumía jugando, así fue varios meses, perdía mucho tiempo. Hasta que llegué a unos videos con recomendaciones muy buenas de youtubers para estudiar y comencé a seguirlos, a preparar el examen del Icfes. Me comenzó a ir mejor, a aprovechar el tiempo”, responde en su inmensa timidez y apenas 16 años.

“Esta calificación es una hazaña para mí. Me había preparado y hecho simulacros y consultado youtubers y videos en Internet para las pruebas del Icfes. Presenté la prueba en Puerto Gaitán de manera presencial, no fue virtual. Ese día comencé con las respuestas de matemáticas, ya sabía qué hacer, no me pareció tan difícil. Las más difíciles fueron las de inglés, pero leí con cuidado. Nos falta mucho por aprender en un segundo idioma”, agrega.

Estos días vive con su mamá, pero el año pasado, cuando terminó once grado, se había trasladado con un tío y sus abuelos en una parcela en la vereda Las Leonas, de Puerto López, para estudiar en la Institución Educativa de Yaaliakeisy, ubicada en el kilómetro 76 de la vía que une a este municipio con Puerto Gaitán. Buena parte de sus compañeros pertenecen al resguardo indígena Umapo de la comunidad Achagua. Es hijo único y su padre murió hace cuatro años. Le gusta jugar fútbol pero no se considera talentoso: “Me gusta cuando me llegue al balón no hacer nada distinto a rematar al arco”. Cuenta que su ejercicio, por ahora, es arriar las vacas cercanas, ordeñarlas y ayudar en la finca con los animales.

La siguiente pregunta no es difícil de responder: ¿Un mensaje para los estudiantes que vayan a afrontar esta prueba? “Que se preparen para este examen tan exigente. Me río de los que dicen que es fácil, que la suerte tiene que ver o que respondan al ‘pinochazo’. Saqué 500 porque me preparé y esforcé, no por suerte. Nada es imposible hasta que se intenta”, comenta Luis.

La Gobernación del Meta sigue sus pasos

Hasta el sábado pasado no tenía claro su futuro inmediato, pues estudiar en universidad no era un plan inmediato. Aunque estudiar Ingeniería de Sistemas es su primera opción. Pero no está solo. La Gobernación del Meta tiene planeado hacerle un acompañamiento, ahora que tiene beca completa.

Así lo confirma Jhon Sanabria, secretario de Educación del Meta. “Nuestro Gobernador ha dado una instrucción directa: primero, acompañar a Luis Ángel en la selección de su programa académico; segundo, la universidad y ciudad donde tendría ese proceso de selección: tercero, recursos para garantizarle desplazamiento y manutención para que el orgullo de los llaneros pueda tener proceso de formación educación y posgradual”.

Sanabria recuerda que el logro de Luis Ángel es también el de la institución educativa departamental de carácter indígena, en Puerto López. “Esa bonita misión de todos los maestros, esa función social, lo llevó a tener esos resultados. Una profesora, Rosalba Patermina, lo llevó a tener estos resultados, a hacer análisis de lectura, comprensión lectora y lo importante que eran unos buenos resultados. Los maestros del magisterio nos llevan a tener estos bonitos resultados”, explica el funcionario.

Luis Ángel es un ejemplo y el nuevo modelo de los estudiantes del Meta que van a presentar las Pruebas Saber en grado 11. “Me quedo con el mensaje de Luis: nada es imposible hasta que se intenta. El estudio le ha cambiado su vida y la de todos sus familiares. Él se acaba de convertir en el mejor motivador e influenciador para nuestros estudiantes departamentales de que se pueden lograr resultados de este estilo. Luis Ángel Vargas nos va a ayudar a hacer grande al departamento del Meta”, concluye Sanabria.

Fuente: Gobernación del Meta

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Gobierno Nacional restituye más de 34.500 hectáreas a comunidades indígenas en Puerto Gaitán

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La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena devolver 34.534 hectáreas a las comunidades indígenas Awalibá y La Campana, ubicadas en la inspección de Planas, en Puerto Gaitán (Meta).

La entrega fue liderada por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Barreto, y la líder del equipo étnico, Gina Villalobos, quienes en representación del director general, el mayor Giovani Yule, reiteraron el compromiso con la reparación de las comunidades ancestrales víctimas del conflicto.

La decisión judicial reconoce que estas comunidades del pueblo Sikuani han sido objeto de una victimización sistemática y prolongada, relacionada con el despojo, la violencia, la ocupación indebida de sus tierras y la falta de garantías estatales.

Los gobernadores de Awalibá, Ricardo Moreno, y de La Campana, Jonathan León, agradecieron al Gobierno de Gustavo Petro por hacer realidad su retorno al territorio. “Ahora nos sentimos libres. Podemos continuar con nuestras prácticas ancestrales, gobierno propio y cosmovisión. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los magistrados por hacer justicia para nuestro pueblo”, agregaron.

Por su parte, el director territorial recalcó: “con este fallo, el Estado colombiano da un paso decisivo hacia la reparación de comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado, reafirmando que la restitución de tierras no solo implica devolver el territorio, sino dignificar a los pueblos y garantizar su permanencia en el tiempo. De esta manera, el Gobierno Petro cumple con dignidad a las víctimas”.

El Tribunal evidenció que estas comunidades han enfrentado violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos forzados, confinamientos, persecución, homicidios y afectaciones a su cultura y espiritualidad. Asimismo, determinó que existió una relación directa entre la explotación de recursos y el despojo, sumado a la ausencia de consulta previa en proyectos desarrollados en su territorio.

Por ello, el Tribunal ordena no solo la restitución jurídica del territorio, sino avanzar en la formalización del resguardo indígena de La Campana, anulación de adjudicaciones irregulares, protección de sitios sagrados y medidas de reparación con enfoque intercultural.

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Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán

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La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.

La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.

¿Cómo fue el calvario?

La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.

Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.

Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.

Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.

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Ordenan restituir 34.500 hectáreas a comunidades indígenas en zona rural de Puerto Gaitán

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La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).

La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.

Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.

El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.

Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.

Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.

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