CASANARE
Alcaldesa de Aguazul fue galardonada con el premio nacional Antonio Nariño

En la Ciudad de Bogotá la Asociación Nacional Premio Antonio Nariño y la Federación Nacional de Prensa (Fenalprensa) galardonaron a la alcaldesa de Aguazul, Johana Moreno, por su aporte a la contribución de los derechos humanos a las familias más vulnerables del municipio de Aguazul durante el aislamiento obligatorio causado por la Pandemia del Covid -19.
Este logro, sin duda, es un merecido reconocimiento para la mandataria y su equipo de Gobierno, por el trabajo abnegado, sincero y responsable que adelantaron durante el confinamiento, en donde articularon acciones, normatividades y estrategias en favor de los aguazuleños.
“Resiliencia y solidaridad en tiempos de pandemia fue la estrategia que nos permitió llegar fraternalmente con ayudas humanitarias a los hogares que se vieron afectados por la Pandemia. En Aguazul trabajamos 24 horas del día, los 7 días de la semana estableciendo estrictos protocolos de bioseguridad, cumpliendo con la normatividad exigida por los organismos de control y hasta colocándonos en manos de Dios en jornadas de ayuno. Este galardón es para todas las personas que pusieron su granito de arena”, agregó la mandataria.
En la ceremonia también fueron galardonados el Alcalde de San Luis de Palenque, Jovani Plata, y el Alcalde de Alvarado Tolima, Henry Herrera Viña.
Fuente: Comunicaciones Alcaldía de Aguazul
CASANARE
Alcaldía de Yopal acometerá limpieza de canal de aguas que genera riesgo para familias de El Taladro

Atendiendo el llamado de las comunidades rurales, la secretaria de Infraestructura Municipal, Adriana Hernández visitó el corregimiento de El Taladro, con el propósito de inspeccionar de primera mano las necesidades de la comunidad, tendientes al mejoramiento de vías, alcantarillas y manejo de aguas lluvias.
El recorrido estuvo acompañado por los profesionales hidráulico y de vías terciarias, quienes adelantaron labores de levantamiento de información y coordenadas para buscar soluciones inmediatas para la limpieza de un canal de aguas, que presenta colmatación por sedimentos, escombros y que está generando riesgos para las familias.
Adicionalmente, se brindará apoyo para la construcción de cuatro alcantarillas en el sector de Rincón del Moriche, donde se presentan dificultades para la movilidad de esta comunidad rural. De igual manera, la Alcaldía de Yopal anunció la disposición de transporte para el cargue de material crudo de río y sub base, que permitirá avanzar en la rehabilitación de este corredor rural.
“Estamos comprometidos con el bienestar de nuestras comunidades rurales, seguimos llegando al territorio para dar soluciones. Ayer nos reunimos con sus líderes en la alcaldía y hoy ya estamos en El Taladro, sumando esfuerzos para iniciar las intervenciones con maquinaria, a partir del mes de septiembre” sostuvo Adriana Hernández, secretaria de Infraestructura de Yopal.
Fuente: El Diario del Llano
CASANARE
Pacientes renales, CRUE y hospital itinerante víctimas del archivo del superávit en la Asamblea

Nuevamente, 4 diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Departamental volvieron a cerrar la puerta a los recursos del superávit para Casanare. Por cuarta vez consecutiva, los diputados Juan Fernando Mancipe, Jorge Eduardo García, Marisela Duarte y Luz Mery Niño negaron el proyecto de ordenanza que pretendía incorporar al presupuesto de 2025 el superávit de 2024, decisión que impacta directamente la salud de miles de casanareños.
La secretaria de Salud, Tatiana Chávez Duque, advirtió que la medida frena proyectos estratégicos que estaban listos para ejecutarse. El más urgente: la apertura de la Unidad Renal del Hospital Regional de la Orinoquía, donde más de 230 pacientes con enfermedad renal en estado crítico esperan poder acceder a diálisis diarias sin depender de un operador privado que no logra cubrir la demanda. “Hoy estos usuarios seguirán viviendo entre ruegos y traslados, porque se les negó la posibilidad de un servicio digno en su propio departamento”, señaló la funcionaria.
Otros proyectos afectados
La lista de afectados no termina ahí. El Hospital Itinerante, uno de los programas de mayor impacto del actual gobierno, también quedó contra las cuerdas. La falta de recursos impide comprar equipos biomédicos exclusivos para esta estrategia, lo que obliga a movilizar aparatos del uso diario del HORO y deja todo el plan a merced de una eventual falla técnica. Se trata de un proyecto que ya ha llegado a más de 4.000 casanareños con cerca de 600 cirugías, y que ahora podría frenarse por lo que la secretaria calificó como “una decisión irresponsable”.
Otro frente crítico es la preparación frente a la fiebre amarilla. Aunque en Casanare no se registran casos, departamentos vecinos como Meta y Arauca sí reportan contagios y muertes. Sin recursos adicionales, la Secretaría de Salud no podrá contratar personal ni logística para responder ante un eventual brote, pese a que el territorio es endémico para el virus. “Estamos a nada de que el virus entre al departamento, pero nos quitaron las herramientas para reaccionar a tiempo”, advirtió Chávez.
CRUE y Línea Amiga afectados también
Tampoco se salvaron servicios vitales como el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), que coordina la atención de accidentes de tránsito, emergencias médicas y la línea amiga para problemas de salud mental. Los recursos para su operación solo alcanzan hasta octubre, dejando incierta su continuidad en los últimos dos meses del año, en un departamento con altos índices de accidentalidad vial.
Mientras tanto, planes de fortalecimiento de hospitales públicos como Red Salud también se quedaron sin piso. La adquisición de equipos para urgencias y hospitalización, claves en una posible emergencia sanitaria, quedó en veremos. Desde la Gobernación, el llamado es a buscar salidas con el Ministerio de Salud, pero la incertidumbre es evidente. Lo que está claro es que, en medio de disputas políticas, los más golpeados son los pacientes casanareños, que ahora ven cómo sus necesidades quedaron relegadas al archivo de 4 diputados de la Asamblea.
Fuente: El Diario del Llano
CASANARE
A la cárcel los seis capturados en Casanare que extorsionaban a nombre del ERPAC

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces con funciones de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario contra seis personas, quienes se hacían pasar como integrantes del grupo armado Nuevo Renacer ERPAC, y que serían responsables de cometer actos de terrorismo y extorsiones en Trinidad, Villanueva y Monterrey.
Fiscales de la Seccional Casanare les imputaron, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo, extorsión, extorsión agravada; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
¿Quiénes son los capturados?
Servidores del Cuerpo Técnico de investigación (CTI) capturaron a Jorge Alexander Pulido Gil, alias “Polaco”, en el municipio de Trinidad quien, al parecer, contactaba a sus víctimas por mensajes de texto, a nombre del grupo armado, para exigirles altas sumas de dinero a cambio de no atentar contra la integridad de su familia.
Según la Fiscalía, en uno de los casos alias “Polaco” envió un video de una casa que estaba siendo quemada, con una amenaza contra una de sus víctimas para infundir temor.
De otra parte, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, capturaron en Villanueva a Yeimi Andrea Pachón Vela, Luis Carlos Jiménez Armedia y Karen Lorena Hernández Bastos; quienes, según la Fiscalía, presuntamente, forzaban a ganaderos, comerciantes, agricultores, entre otros, para que pagaran altas sumas de dinero, a cambio de no atentar contra su integridad, la de su familia y sus bienes.
Se estableció, según la Fiscalía, que cada una de estas tres personas cumplía un rol diferente al interior de la organización delincuencial.
Por último, Jénifer Caroline Ríos Arteaga y Brayan Alexis Bedoya Roa fueron capturados en flagrancia por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula del Ejército Nacional, mientras exigían el pago de 11 millones de pesos a un comerciante de Monterrey, a cambio de no atentar contra su vida, la de su familia y sus bienes.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
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