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Ajustan tarifas diferenciales en peajes de vía Bogotá – Villavicencio
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Coviandina informa a las autoridades, comunidad residente de los municipios aledaños a las Estaciones de Peaje Boquerón I y II, Naranjal y Pipiral, que cuentan con el beneficio de la tarifa preferencial que, dando cumplimiento a la Resolución del Ministerio de Transporte 0006137 del 19 de diciembre de 2013, a partir de las 00:00 horas del próximo 16 de noviembre de 2020, se efectuará la actualización de las mismas, con base en el incremento del IPC del periodo noviembre de 2019 – octubre de 2020.
Los valores que quedarán vigentes serán los siguientes:
Dado que los ajustes se efectúan a la centena más próxima, los cambios afectaron únicamente a las categorías IEEE y IIE de la estación de Peaje de Boquerón:
IEEE Servicio Público y Carga CAT I (de $6.300 pasa a $6.500) y IIE servicio público CAT II ($11.900 pasa a $12.100); las demás categorías tanto para las Estaciones de Peaje de Boquerón I y II, como para Naranjal y Pipiral, no se vieron afectadas en los valores de su tarifa de cobro.
Es importante recordar a los residentes de la zona que gozan del beneficio, la obligatoriedad de cumplir con el mínimo de pasos establecido (4 por sentido / 8 en total), así como el adecuado uso del dispositivo; es decir que solo debe ser usado en el vehículo asignado y que en caso de realizar la venta del vehículo debe informar al Concesionario y hacer entrega del dispositivo.
Fuente: Coviandina
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
