REGIÓN
Condenados dos hombres por secuestro y homicidio de un menor en Sogamoso
El Juzgado 2 Penal del Circuito de Sogamoso condenó a 33 años y 9 meses de prisión a Juan Diego Zapata Calderón y Diego Fernando Quintero Bedoya, quienes desde la audiencia de imputación aceptaron su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y secuestro simple agravado, en concurso heterogéneo y sucesivo.
Los dos sentenciados, que hicieron parte de la organización criminal denominada “Los Desalmados”, permanecen privados de la libertad luego de su captura, junto con otros tres integrantes de la banda, a inicios de diciembre de 2019.
Los hechos
El 2 de julio de 2015, en el barrio Álvaro González Santana del municipio de Sogamoso (Boyacá), la víctima de 16 años salió a las seis de la tarde de la empresa de laminados donde laboraba, en compañía de un primo. Cuando este último se quedó en su vivienda, el adolescente siguió su camino y dos cuadras más adelante fue abordado por cuatro
personas que se movilizaban en una motocicleta y un taxi, obligándolo a subir al vehículo.
El 11 de julio de ese año, fueron halladas partes del cuerpo del menor con visibles signos de tortura.
Investigación
Las indagaciones realizadas por la policía judicial de la Fiscalía permitieron establecer que los captores del joven eran conocidos suyos y que el supuesto autor intelectual habría sido Diego Rojas Cruz, dueño de la fábrica donde trabajaba la víctima.
Según la investigación, al empresario lo venían extorsionado, por lo que habría pagado 20 millones de pesos para que desaparecieran a la persona que vendió información sobre su hijo y no seguir pagando las exigencias económicas.
Así, Zapata Calderón se alió supuestamente con Andrés Felipe Quintero Cortés y Reynel David Orduz Álvarez para secuestrar al menor aduciendo que él era el responsable de las extorsiones.
Capturas y juicio
Con base en las labores investigativas adelantadas bajo la coordinación de una fiscalía especializada de la Seccional Boyacá, la primera semana de diciembre de 2019, el CTI Gaula desarticuló la estructura criminal con la materialización de 5 órdenes de captura:
Las de los hoy sentenciados, así como la de Diego Rojas Cruz, en calidad de determinador, y de los otros dos supuestos implicados.
El empresario y los otros imputados no aceptaron los cargos, por lo que a la fecha su proceso se encuentran en etapa de juicio oral.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
