REGIÓN
Condenados dos hombres por secuestro y homicidio de un menor en Sogamoso
El Juzgado 2 Penal del Circuito de Sogamoso condenó a 33 años y 9 meses de prisión a Juan Diego Zapata Calderón y Diego Fernando Quintero Bedoya, quienes desde la audiencia de imputación aceptaron su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y secuestro simple agravado, en concurso heterogéneo y sucesivo.
Los dos sentenciados, que hicieron parte de la organización criminal denominada “Los Desalmados”, permanecen privados de la libertad luego de su captura, junto con otros tres integrantes de la banda, a inicios de diciembre de 2019.
Los hechos
El 2 de julio de 2015, en el barrio Álvaro González Santana del municipio de Sogamoso (Boyacá), la víctima de 16 años salió a las seis de la tarde de la empresa de laminados donde laboraba, en compañía de un primo. Cuando este último se quedó en su vivienda, el adolescente siguió su camino y dos cuadras más adelante fue abordado por cuatro
personas que se movilizaban en una motocicleta y un taxi, obligándolo a subir al vehículo.
El 11 de julio de ese año, fueron halladas partes del cuerpo del menor con visibles signos de tortura.
Investigación
Las indagaciones realizadas por la policía judicial de la Fiscalía permitieron establecer que los captores del joven eran conocidos suyos y que el supuesto autor intelectual habría sido Diego Rojas Cruz, dueño de la fábrica donde trabajaba la víctima.
Según la investigación, al empresario lo venían extorsionado, por lo que habría pagado 20 millones de pesos para que desaparecieran a la persona que vendió información sobre su hijo y no seguir pagando las exigencias económicas.
Así, Zapata Calderón se alió supuestamente con Andrés Felipe Quintero Cortés y Reynel David Orduz Álvarez para secuestrar al menor aduciendo que él era el responsable de las extorsiones.
Capturas y juicio
Con base en las labores investigativas adelantadas bajo la coordinación de una fiscalía especializada de la Seccional Boyacá, la primera semana de diciembre de 2019, el CTI Gaula desarticuló la estructura criminal con la materialización de 5 órdenes de captura:
Las de los hoy sentenciados, así como la de Diego Rojas Cruz, en calidad de determinador, y de los otros dos supuestos implicados.
El empresario y los otros imputados no aceptaron los cargos, por lo que a la fecha su proceso se encuentran en etapa de juicio oral.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
