CASANARE
Los accidentes de tránsito son uno de los siniestros que más afectan a las familias
En la medida en que se van reactivando los sectores en el departamento y los ciudadanos tienen menos restricción para salir de sus casas, volvieron los accidentes de tránsito que generan un gran impacto social, no solo por la tragedia que representa para la familia sino por la consecuencia tanto física como legales que resultan de estos accidentes.
Teniendo en cuenta que finalmente las EPS son las entidades que terminan asumiendo los costos de estas incapacidades, la Gerente de Capresoca EPS Nuria Yarley Bohórquez Peña, hizo un llamado a todos los ciudadanos para tener precaución, usar todos los elementos de seguridad y sobre todo respetar las normas de tránsito.
La gerente de la entidad señaló que, como resultado de las coberturas en diferentes servicios, entre hospitalización, cirugías, atenciones domiciliarias, entregas de implementos y apoyos terapéuticos, Capresoca EPS paga alrededor de 12 mil millones de pesos al año para atender pacientes de accidentes de tránsito, en algunas situaciones son personas que quedan con secuelas de por vida y la EPS les tiene que garantizar los tratamientos.
El llamado a tomar conciencia sobre la responsabilidad que se tiene al conducir un vehículo no está enfocado en el gasto económico que genera, sino en la repercusión social, teniendo en cuenta que en caso de pacientes cuadripléjicos o con traumas mayores la familia es quien finalmente debe afrontar esta situación, lo que les representa un alto costo físico y mental, de ahí la necesidad de evitar que se sigan presentados accidentes de esta naturaleza.
El Dato
Según la OMS, el 93 por ciento de las muertes por accidentes de tránsito se presentan en países de ingresos bajos y medianos. Solo 34 países que representan el 29 por ciento de la población mundial tiene leyes nacionales sobre la conducción bajo los efectos del alcohol.
Fuente: Comunicaciones CAPRESOCA
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
