META
Alcalde de Villavicencio realizó varios cambios en el gabinete
Luego de solicitar las renuncias protocolarias a la totalidad de secretarios de despacho, asesores, directores de institutos descentralizados y directores de secretarías, el alcalde de Villavicencio dio a conocer los movimientos para fortalecer el equipo de trabajo, quienes tendrán que asumir con responsabilidad la transformación de Villavicencio en una ciudad de arraigo y moderna, en donde prime la dignidad humana.
Por tal motivo, el actual director del Instituto de Deporte y Recreación de Villavicencio, Mario Romero, será ahora el nuevo secretario de Planeación de la ciudad. Al IMDER llegará el hasta ahora asesor de despacho, Fernando Vargas.
A la Secretaría de Desarrollo Institucional llega Wilson Chavarro, quien durante estos cinco meses de gobierno ocupó el cargo de asesor de despacho. Por su parte Magnolia Cagueñas será desde ahora la directora del Instituto de Turismo de Villavicencio.
A la cartera de Control Interno Disciplinario llegará el abogado y especialista en derecho administrativo Diego Pérez, oriundo de Villavicencio, candidato a magister en derecho administrativo.
A su vez, la Alta Consejería para la Seguridad Ciudadana será liderada por Gonzalo Agudelo Hernández, Premio Nacional de Paz, experto en la dinamización de procesos sociales para el desarrollo, derechos humanos, construcción de Paz y reconciliación en la región.
A cargo de la dirección de Fomento Empresarial de la Secretaría de Competitividad estará Diego Villa.
En la dirección de la Corporación Cultural de Villavicencio (Corcumvi) estará la comunicadora social y periodista, Edith Agudelo. Por su parte a la dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Villavicencio llegará el profesional en derecho, Felipe Caballero.
A la dirección de obras de movilidad llega la Ingeniera Civil y especialista en Contratación Pública, Sandra Velásquez.
Por su parte Gonzalo Hernández, quien estaba en la gerencia técnica de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, ahora será director de Control Urbano de la Secretaría de Control Físico.
A la sub gerencia técnica de Villavivienda llega la arquitecta Katherine Calderón, mientras que la profesional Paola Chávez será ahora la directora de valorización de la Secretaría de Infraestructura.
Fuente: Alcaldía de Villavicencio
META
Ordenan compensar y reparar integralmente a familia que sufrió despojo de 3.400 hectáreas en Mapiripán
La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá reconoció que una familia fue víctima de desplazamiento forzado y despojo en la vereda La Cooperativa, en zona rural de Mapiripán (Meta), a manos de actores armados ilegales durante los años más crudos del conflicto armado.
El tribunal declaró su derecho fundamental a la restitución de los predios ‘La Rinconada’, ‘La Rinconada I’ y ‘La Rinconada II’, que suman más de 3.400 hectáreas, y ordenó que se realice por compensación económica y/o en equivalente ambiental, debido a las situaciones actuales de reserva forestal y exploración petrolera en la zona.
Los terrenos fueron adquiridos en 1981, cuando el jefe del hogar compró la posesión y mejoras del hato. Años después, el INCORA formalizó la adjudicación de estas tierras rurales a la familia y en 1997 expidió las resoluciones, que quedaron protocolizadas mediante escrituras públicas en febrero de 2000.
La sentencia relata que la familia vivió y trabajó los predios como una sola unidad productiva ganadera. Sin embargo, la violencia irrumpió en 1987 con la llegada de guerrilleros a la zona, quienes comenzaron a llevarse ganado. La situación se agudizó en 1997, tras la toma armada de Mapiripán y los enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares, lo que obligó un desplazamiento inicial de la pareja y sus hijos hacia San Martín (Meta), si bien intentaron mantener la actividad ganadera,
el episodio más devastador ocurrió el 15 de octubre de 1999, cuando miembros del Frente 45 de las Farc, al mando de alias “Beto”, ingresaron a ‘La Rinconada II’, robaron el ganado y quemaron la casa, provocando el abandono definitivo de las tierras y el desplazamiento forzado de la familia hacia Cali.
El tribunal consideró que estos hechos configuraron también despojo, pues años después los terrenos fueron ocupados por terceros sin autorización de los propietarios legítimos. El fallo también dispuso que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) evalúe las adjudicaciones de los predios y determine si es necesaria su revocatoria para garantizar la reparación de las víctimas.
“Esta sentencia reivindica los derechos de los integrantes de esta familia, quienes fueron despojados y desplazados por la violencia en Mapiripán. Es el resultado de un trabajo jurídico riguroso de la URT, en articulación con el tribunal y las entidades del Estado, para garantizar que se haga justicia sin causar nuevos daños”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad en el Meta.
El fallo reconoce que, aunque algunos opositores no acreditaron buena fe exenta de culpa, otros campesinos en situación de vulnerabilidad deben recibir medidas de protección bajo el enfoque de “acción sin daño”, que busca no agravar los conflictos en el territorio.
Fuente: El Diario del Llano
En el marco de la ofensiva nacional contra el narcotráfico, la Policía Nacional incautó 1,2 toneladas de marihuana pertenecientes a las disidencias de las Farc, durante un operativo realizado en el eje vial Bogotá–Villavicencio.
Según el informe policial, el cargamento era transportado en un furgón que cubría la ruta desde Popayán hacia Venezuela, y fue detectado gracias a labores de inteligencia y control desplegadas por unidades de la institución.
El Director General de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, informó que en el procedimiento fue capturado el conductor del vehículo, quien presenta antecedentes judiciales por homicidio, violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas de fuego. Además, el automotor utilizado para el transporte del estupefaciente fue inmovilizado.
Según las autoridades, la marihuana incautada tenía como destino final el mercado venezolano, donde sería distribuida por redes criminales asociadas a las disidencias. Con este resultado se evitó la circulación de aproximadamente 2,4 millones de dosis, representando una afectación a las finanzas ilegales por más de 773 millones de pesos.
La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de control en los corredores estratégicos del país, con el propósito de desarticular las estructuras narcotraficantes y reducir el impacto del crimen organizado en los territorios.
Fuente: El Diario del Llano
Por disposición de un Juez de Control de Garantías, a la cárcel fueron enviados Junior Arango Díaz y Juan Pablo Castillo Neira, señalados de disparar contra un establecimiento comercial para que sus propietarios pagaran una extorsión, en el municipio de Granada.
Un fiscal de la Seccional Meta les formuló imputación por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y terrorismo, extorsión en grado de tentativa; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; todas las conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron la noche del pasado 29 de septiembre en el centro de Granada, donde, los hoy
procesados, al parecer, dispararon en varias oportunidades al local comercial. Se evidenció que los propietarios del lugar venían siendo víctimas de extorsión, por parte de supuestos integrantes de ‘ERPAC Renacer’.
Los procesados fueron capturados en flagrancia por la Policía Nacional, en vía pública de la vereda Alto Iracá del municipio de San Martín. Se logró la incautación de una motocicleta, un revólver, panfletos extorsivos y equipos móviles.
Fuente: El Diario del Llano
