META
Ecopetrol invertirá más de $14 mil millones en Meta para enfrentar el Covid – 19
Ecopetrol se sumó a la “Donatón” convocada por la Gobernación del Meta con la entrega de una nueva ayuda humanitaria por $8 mil millones, la cual beneficiará a los habitantes del departamento, especialmente a la población más vulnerable que ha sido afectada por la pandemia de la covid-19.
Con este nuevo aporte, la Empresa ya completa un total de $14.238 millones para el fortalecimiento de los sistemas de salud, la distribución de alimentos y recursos para la población más necesitada del departamento.
El aporte de $8.000 millones anunciado hoy hace parte de la línea de protección a la población en condición de vulnerabilidad. Los recursos se distribuirán entre 50.000 familias que recibirán un apoyo de $160.000 cada una, cifra que equivale al valor base de subsistencia definido por el Gobierno Nacional.
La Gobernación del Meta será la encargada de seleccionar a las personas beneficiadas priorizando aquellas que no reciben subsidios ni apoyo de programas sociales del Gobierno Nacional. Se tomará como insumo las bases de datos maestra generadas por el Departamento Nacional de Planeación y la Registraduría General de la Nación.
Para asegurar que el apoyo llegue de manera efectiva y oportuna a los beneficiarios, se conformará un comité conjunto entre la Gobernación del Meta y Ecopetrol.
La línea de ayudas humanitarias ya comenzó a ejecutarse con la entrega de 6.000 mercados a familias vulnerables de la región a través de un convenio con la Cruz Roja Colombiana y en coordinación con la Gobernación y los alcaldes de los municipios de Villavicencio, Acacías, Guamal, Castilla La Nueva y Puerto Gaitán.
En cuanto a la línea de fortalecimiento al sistema de salud, a partir de esta semana se distribuirán más de 240 mil elementos de protección personal y uso médico, así como 35 mil litros de productos de limpieza. Estos elementos se pondrán a disposición de la Secretaría Departamental de Salud y de los hospitales municipales de Villavicencio, Acacías, Guamal, Castilla La Nueva, Puerto Gaitán, Cubarral, San Martín de los Llanos, Puerto Lleras y San Carlos de Guaroa.
Una tercera entrega comprenderá la dotación de equipos médicos como respiradores, ventiladores, monitores de signos vitales, reguladores de oxígeno y termómetros infrarrojos láser, entre otros. Con el suministro de estas ayudas se busca aumentar la capacidad de atención de pacientes de alta y mediana complejidad de los centros de atención hospitalaria en el departamento.
Fuente: Ecopetrol
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
