CASANARE
Más de 17 procesos adelanta Casanare contra constructoras que recibieron anticipos y no construyeron casas
Como si se tratara de una fiel copia de los debates anteriores sobre el tema de vivienda en el departamento de Casanare, nuevamente se habló en la Asamblea Departamental de subsidios mal asignados, contratos cuyos anticipos no aparecen ejecutados, y múltiples situaciones de las que siempre se habla pero no se avanza en soluciones.
La directora de la Oficina Departamental de Vivienda, Sandra Lorena Cruz, rindió informe ante la Corporación Edilicia, pero el panorama no parece haber mejorado en el tema de vivienda respecto de los años anteriores, pues se sigue cuestionando el por qué se entregan soluciones habitacionales a familias que aparentemente no las necesitan, proyectos que nunca iniciaron pero cuyos anticipos se entregaron, o algunos que empezaron pero quedaron a mitad de camino perjudicando a los beneficiarios de esos subsidios, pues aparentemente han recibido el beneficio de vivienda y quedan inhabilitados para recibir cualquier otra ayuda, pero en realidad nunca han podido disfrutar de un techo propio.
El proyecto Torres de San Marcos en Yopal se encuentra en un 80%.
Salvo los programas adelantados por la Administración anterior como Torres de San Marcos y La Decisión en Yopal, que están en su última etapa de ejecución y próximos a ser entregados a sus beneficiarios o ya entregados, la mayoría de programas tienen problemas para su culminación y las familias que tenían la esperanza de contar con un techo digno siguen esperándolo, algunos hasta con 8 o más años.
Riesgo en Torres de Santo Domingo
En el caso de Torres de Santo Domingo en la ciudad de Yopal se presenta una situación particular, pues se realizó un estudio de vulnerabilidad sísmica a los 56 apartamentos que ya están construidos de los 145 de que consta el proyecto, encontrando que presentan falencias estructurales que deben ser subsanadas, por lo que se va a realizar una mesa técnica junto con el diseñador, para determinar la alternativa que se va a utilizar a fin de remediar la situación que se presenta con estos apartamentos y que los dejaría en grave riesgo, de no ser revisada esta situación.
La directora de la Oficina de Vivienda Departamental aclaró que ya se cuenta con orden de giro del subsidio para estas 145 familias, con lo cual se espera que el proyecto avance en su totalidad para llegar a feliz término en los próximos meses.
Dineros que no aparecen
A raíz de la situación presentada con varias ONG a las cuales se les giraron recursos para la construcción de viviendas en Administraciones anteriores y nunca cumplieron, la directora de la Oficina de Vivienda Departamental reveló que todos estos procesos ya fueron entregados a la División de Defensa Judicial del Departamento para su trámite en instancias legales, los cuales hacen tránsito en diferentes instancias tratando de recuperar estos recursos que suman varios miles de millones de pesos.
Agregó la funcionaria, que por esta situación la División de Defensa Judicial adelanta 17 procesos contra igual número de empresas constructoras, Fundaciones y ONGs, esperando que éstos procesos prosperen y el Departamento pueda recuperar estos dineros que en su momento fueron girados para la construcción de viviendas para familias casanareñas, pero que nunca cumplieron su cometido y por el contrario se esfumaron dejando a las familias sin vivienda, pero además inhabilitadas para recibir cualquier otro tipo de subsidio.
Se iniciarán revocatorias
A raíz del cuestionamiento permanente del por qué se entregan viviendas a personas y familias que aparentemente no las necesitan, la directora de la Oficina de Vivienda Departamental indicó que se han venido adelantando algunos procesos de revocatoria de esos subsidios, y en los próximos días se avanzará en el tema, aunque en los últimos tiempos se ha notado un aumento en el tema de renuncias voluntarias a los subsidios, por parte de las personas a quienes se les ha detectado que accedieron a los programas de vivienda cuando no cumplían con la totalidad de requisitos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
