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En Yopal faltan $12 mil millones de pesos para financiar la canasta educativa

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El secretario de Educación de Yopal, Yesid Jiménez Silva, habló de las múltiples problemáticas con que inicia el año escolar en la capital casanareña.

El funcionario se refirió a la medida cautelar interpuesta por el Ministerio de Educación, que suspendió los giros de calidad matrícula que equivalen, en el mes de diciembre, a 140 millones de pesos y en enero a 152. Dijo Jiménez Silva, que dicha medida los puede llevar a una intervención.

Faltan $12 mil millones

Así mismo, reveló que el municipio se encuentra con un déficit de 12 mil millones de pesos para suplir la totalidad de la canasta educativa de este año, sin contar un déficit de nómina por $2.300 millones de pesos, que obedecen a una autorización que el Ministerio de Educación realizó de manera verbal hace dos años aproximadamente al Secretario de turno, para que gastara esos recursos en vigilancia y administrativos ya que no existía el dinero suficiente.

“Cuando el SGP (Sistema General de Participaciones) se quedó sin recursos en Yopal para el pago de nómina, el Ministerio no aceptó que había dado esa autorización, y como lo dio de manera verbal no existe ningún documento, por lo que se ha venido generando ese déficit que cada día se agranda”, dijo Jiménez Silva.

El responsable de la cartera educativa en Yopal, indicó que la única forma de resolver esta situación es con recursos propios del municipio.

“Ahí es donde el municipio no tiene cómo responder, ya que la nómina docente debe ser paga por el SGP, el Ministerio de Educación es el que debe asumir esta responsabilidad”, agregó el Secretario de Educación.

Sobre posibles sanciones tras la medida cautelar, Jiménez Silva dijo que deben presentar un plan de mejoramiento y realizar los reportes de calidad en el FUT (Formato Único de Trámites) para mitigar toda esta problemática y lograr que en los próximos días se levante la medida.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Repudio por lider comunal asesinada en zona rural de Aguazul

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En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos, denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.

La víctima, quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.

Preliminarmente se conoció que la mujer fue citada en la mañana del sábado hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.

ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial. De igual manera denunció persistente amenazas, seguimientos, perfilamientos, estigmatización, judiciliazación, desplazamiento y asesinato de líderes/as sociales, dirigentes comunales, empresarios y campesinos.

Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Procuraduría investiga denuncias en construcción del malecón de Yopal

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La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.

Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.

El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.

Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.

La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.

Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.

Fuente: Procuraduría General de la Nación

 

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Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley

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En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.

Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.

“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.

En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.

En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.

Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:

  • Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
  • No conocen el territorio.
  • No estén en compañía de algún familiar.
  • Tienen rasgos indígenas.

El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.

Fuente: Gobernación del Meta

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