CASANARE
2.000 hectáreas ya están bajo conservación ambiental en Paz de Ariporo
Con esta donación, la Reserva Natural La Esmeralda se convierte en patrimonio ambiental de los casanareños. GeoPark, entregó al municipio de Paz de Ariporo un predio de 1.968 hectáreas que hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
La ceremonia de traspaso de la Reserva Natural La Esmeralda fue presidida por el alcalde del municipio, Flavio Vega, y contó con la presencia de representantes de instituciones ambientales, gremiales y ONGs. La reserva natural es catalogada como área de conservación a perpetuidad, por sus características únicas de flora y fauna.
La donación de La Esmeralda se enmarca en el cumplimiento de la inversión de no menos del 1% establecida por la Ley 99 de 1993, correspondiente al bloque La Cuerva ubicado en Paz de Ariporo. Esta gestión fue posible gracias a la colaboración de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, Corporinoquia, entidades que junto a GeoPark trabajaron en la identificación de un predio de alto valor ecosistémico que contribuyera al patrimonio ambiental del Departamento.
“Agradecemos al Casanare y a sus instituciones por la oportunidad que nos dieron de entregar una Reserva de alto valor ambiental que hace parte del legado que estamos construyendo en el departamento”, comentó Diego Restrepo, gerente ambiental de GeoPark. “Esperamos que La Esmeralda se convierta en símbolo de la conservación de ecosistemas únicos en el país y en el mundo”.
Una estrategia para la conservación ambiental
Desde el inicio de su operación en Colombia, GeoPark ha liderado una estrategia para maximizar el cumplimiento de las obligaciones de las licencias ambientales que rigen los contratos de exploración y producción de hidrocarburos, en beneficio del medio ambiente.
En el caso del Casanare, GeoPark identificó las Reservas Naturales de la Sociedad Civil -áreas protegidas dedicadas a la conservación de muestras de ecosistemas naturales- como zonas estratégicas para la preservación de hábitats que albergan especies de flora y fauna características de una región, entre ellos el moriche, la palma que camina y el chigüiro.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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