CASANARE
Colegio Arturo Salazar Mejía en Támara deberá implementar doble jornada
Una de las sedes deberá ser desalojada por orden judicial
Como resultado de la reunión sostenida entre el alcalde de Támara Fernando Mantilla, la comunidad educativa del municipio, la diputada Ana Derly Roncancio y las directivas de la Secretaría de Educación de Casanare, se implementarán las dos jornadas para los estudiantes de primaria y secundaria de la IE Arturo Salazar Mejía, como medida de contingencia y dando cumplimiento a una orden judicial.
Cesar Andrés Herrera Castro, secretario de Educación (e), dijo que, la persona que va a tomar las medidas necesarias para la distribución de las jornadas, es el rector de la IE, quien se encargará de socializar con los estudiantes y padres de familia, los horarios y jornadas académicas a trabajar, garantizando así que no se presente hacinamiento, ya que el lugar donde van a ser trasladados, está en óptimas condiciones para ejercer el derecho a la educación.
Por su parte el alcalde de Támara Fernando Mantilla, se comprometió a dar el apoyo que requiera la institución para el traslado de los implementos y elementos educativos, con el fin de garantizar la continuidad de la educación sin mayores traumatismos.
El secretario de Educación (e), explicó que, en diálogo con el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE), se están adelantando los procesos contractuales para iniciar de manera urgente la construcción del colegio 10 en el municipio de Támara, esto debido a que se han presentado inconvenientes con el actual contratista.
La orden judicial se da por el no pago del canon de arrendamiento entre los años 2012 y 2018 de las instalaciones en la sede primaria o sede La Presentación por parte de la Gobernación de Casanare a las propietarias del lugar, situación que tuvo que ser debatida en el respectivo proceso judicial.
Sobre los resultados de la reunión y las concertaciones a las que se llegó, esto dijo la diputada Ana Derly Roncancio:
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Las pruebas presentadas por un fiscal adscrito a la Seccional Casanare permitieron que un juez de conocimiento de Yopal condenara a Luis Alberto Jiménez García a 7 años y 11 meses de prisión, tras ser hallado culpable de los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir.
La investigación corroboró que en los municipios de Paz de Ariporo, Hato Corozal, Pore, Trinidad y algunas veredas de Yopal, entre 2020 y 2021 el hoy condenado extorsionó a ganaderos, finqueros, comerciantes, contratistas, entre otros, a quienes les hacía exigencias de altas sumas de dinero a cambio de no atentar contra sus familias, su integridad y su patrimonio.
Jiménez García se desplazaba a las fincas, los establecimientos de comercio y a los distintos lugares donde eran citadas las víctimas. Y a través de equipos móviles también servía de intermediario entre éstas y sus jefes recluidos en cárceles y quienes se encargaban de hacer las amenazas y fijar los montos de las extorsiones. Así como también la fecha y la forma de pago de las mismas.
El juez también le impuso una multa de 5.700 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Fuente: Prensa Fiscalía General de la Nación
Un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresión Sexual (Caivas) de la Seccional Casanare, judicializó ante un juez con función de control de garantías a un soldado profesional activo del Ejército, quien al parecer agredió sexualmente a su hijastra de 8 años.
Funcionarios de la Sijín Casanare hicieron efectiva la orden de captura en su contra en las instalaciones de una guarnición militar en el municipio de Tauramena.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre el 13 de febrero y el 22 de marzo de este año, cuando la menor habría sido sometida a tocamientos de connotación sexual por parte de su padrastro, cuando se quedaban a solas.
La Fiscalía lo imputó como presunto responsable del delito de actos sexuales con menor de 14 años, cargos a los que no se allanó.
Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario como lo había solicitado la Fiscalía.
Fuente: Prensa Fiscalía General de la Nación
Luego de surtirse un proceso de concertación, acuerdo de pago y negociación de tarifas con las directivas del Instituto Nacional de Cancerología, se avanza satisfactoriamente en la formalización de un nuevo contrato a través del cual se garantizará la atención de los pacientes con cáncer, afiliados a Capresoca EPS.
La minuta se encuentra en proceso de revisión por parte de la unidad de contratación del Instituto Nacional de Cancerología, previa subsanación de las últimas observaciones a este documento.
Haison Omar Carrillo Lemus, gerente de Capresoca EPS, anunció que la próxima semana se estaría suscribiendo el nuevo contrato, para dar continuidad a los servicios ambulatorios y tratamientos médicos para cerca 200 usuarios.
Desmintió que se hayan interrumpido los tratamientos y atención para pacientes con intervenciones de quimioterapia y radioterapia en los diferentes ciclos, con la suspensión de servicios por parte del Instituto.
“Nosotros venimos trabajando en la continuidad de los tratamientos de los pacientes que están en quimioterapia y radioterapia. Lo que se suspendió fue la atención ambulatoria, que tiene que ver con asignaciones de citas para confirmación de diagnóstico e inicio de tratamiento por nuevos usuarios con esta patología. Esperamos que este servicio se reanude la próxima semana con la firma del nuevo contrato”, expresó el Gerente.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
