META
Gaula de la Policía capturó ocho extorsionistas en el Meta
Ocho extorsionistas fueron capturados por el Departamento de Policía Meta en las últimas horas, durante la operación “Llano Libre” liderada por unidades del Gaula como parte de los planes operacionales. Seis casos resueltos positivamente, en los que las víctimas eran ganaderos, comerciantes, agricultores y mineros.
Estas capturas se lograron, con el objetivo de devolverle la tranquilidad a los ciudadanos que mediante llamadas telefónicas o visitas venían siendo objeto de constreñimiento bajo las amenazas de atentar contra ellos, sus familias o patrimonio económico.
‘Seremos contundentes con la extorsión, para que los ciudadanos de bien se sientan tranquilos y para contribuir al desarrollo económico de la región’, indicó el señor coronel Nicolás Alejandro Zapata Restrepo, Comandante Departamento de Policía Meta.
CASO#1. Alias ‘Negro’, de 23 años y ‘Karina’, de 19 años, presuntos integrantes de ‘Los Puntilleros’ bloque Libertadores del Vichada, quienes estaban exigiéndole a un comerciante cinco millones de pesos; siendo capturados en un establecimiento de abarrotes del barrio centro del municipio de Puerto Gaitán, en momentos que cobraban un millón de pesos y se llevaban varios comestibles como parte de la cuota extorsiva. Dejados a disposición de la Fiscalía 3 especializada ante el Gaula, por el delito de extorsión.
CASO#2. Alias ‘Fercho’, de 29 años y ‘Toño’, de 28 años, presuntos delincuentes que le estaban exigiendo a una comerciante 18 millones de pesos; siendo capturados en vía pública del barrio centro del municipio de Granada, en momentos que recibían de su víctima el pago de seis millones de pesos como parte de la cuota extorsiva. Dejados a disposición de la Fiscalía 18 especializada ante el Gaula Ariari por el delito de extorsión.
Estos sujetos se movilizaban en una motocicleta marca Suzuki AX, de placa XLM-96D, color rojo, y en poder de uno de ellos, se halló un revólver marca Ruger, calibre 38 largo especial, con seis cartuchos para el mismo.
CASO#3. Alias ‘Ruby’, 23 años, presunta delincuente que le exigía a una empresa de explotación minera 9.000 pesos por cada vehículo que fuera cargado con material pétreo; siendo capturada en la vereda Brisas del Guayuriba del municipio de Puerto López, en momentos que recibía la suma de 15 millones de pesos como parte de la cuota extorsiva. Dejada a disposición de la Fiscalía 14 especializada ante el Gaula, por el delito de extorsión.
Al parecer, esta empresa desde el año 2013 hasta la fecha, han pagado más de 90 millones de pesos en chantajes para poder trabajar en la zona. Lo que deja en claro que, acceder a las exigencias de los delincuentes no es garantía de que no lo vuelvan a extorsionar. Denúncielos a la línea 165 del Gaula de la Policía.
CASO#4. Alias ‘Sandra’, de 33 años, presunta delincuente que exigía dinero a nombre del ‘Clan del Golfo’, grupo diezmado en esta región; siendo capturada sobre la vía de ingreso al municipio de Granada, en momentos que recibía de un agricultor un millón de pesos como parte de la cuota extorsiva. Dejada a disposición de la Fiscalía 18 especializada delegada ante el Gaula Ariari, por el delito de extorsión.
CASO#5. Alias ‘El Perro’, de 23 años, presunto integrante de ‘Los Puntilleros’ bloque Libertadores del Vichada, señalado de exigir hasta 10.000 pesos por cada cabeza de ganado, a los ganaderos en la región del Ariari.
Siendo ubicado en vía pública del barrio La Sabana del municipio de Granada, en donde fue notificado de la orden de captura en su contra, expedida por la Fiscalía 18 especializada Gaula Ariari ante el Juzgado promiscuo municipal de Vista Hermosa, por los delitos de extorsión, concierto para delinquir, desplazamiento forzado y fabricación, tráfico y porte de armas.
CASO#6. Alias ‘Yeferson’, de 28 años, presunto delincuente, señalado de exigir hasta un millón de pesos a los agricultores en la región del Ariari; siendo capturado en vía pública del barrio Tunal de Bogotá, en momentos que recibía 400 mil pesos de manos de una de sus víctimas. De igual forma, fue notificado de la orden de captura en su contra, expedida por la Fiscalía 18 especializada Gaula Ariari ante el Juez promiscuo municipal de Puerto Lleras, por el delito de extorsión.
Durante el año anterior fueron capturados 128 delincuentes por el delito de extorsión, flagelo que registra una disminución de 62% (13 casos menos), al pasar de 21 en 2018 a 8 en el 2019. Para denunciar este flagelo, comuníquese a la línea 165 del Gaula de la Policía Nacional; el 98% de los casos denunciados logran la captura de los delincuentes y ponen a salvo a las víctimas.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
En Mapiripán, la Unidad de Restitución de Tierras implementó un proyecto productivo urbano en favor de Luis Enrique Rivera Forero, quien fue víctima de desplazamiento y abandono forzado en 1997, tras la incursión paramilitar que derivó en la masacre en ese municipio, uno de los hechos más dolorosos del conflicto colombiano.
Después de 20 años de desarraigo, y tras un proceso judicial, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia, ordenó la restitución del predio ubicado en el casco urbano. Posterior a su retorno, la Unidad implementó su proyecto productivo con una inversión de 40 salarios mínimos legales vigentes, destinados a la adecuación del local comercial y la dotación de equipos y mobiliario que fortalecen su actividad económica como tendero.
Con estos recursos, la URT le entregó una nevera, mostrador, vitrinas, estanterías, kit ambiental, báscula digital, congelador, horno microondas, surtido de víveres, insumos de cafetería y una vitrina de calefacción, además de realizar mejoras locativas en su vivienda, donde funciona la tienda.
El proyecto incluye acompañamiento técnico durante dos años, tal como capacitaciones en administración y manejo de recursos, fortaleciendo su economía. “Agradezco a la Unidad por este proyecto, que me permite sostenimiento y tener ingresos para mi subsistencia y mi vejez”, expresó Luis Enrique, quien hoy reescribe su historia desde el predio que debió abandonar hace más de dos décadas.
Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, destacó: “hemos destinado más de $3.300 millones de pesos para la implementación de 120 proyectos productivos para familias beneficiarias de restitución de tierras en el departamento, fortaleciendo sus capacidades y garantizando reparación integral”.
El caso de Luis Enrique Rivera es ejemplo de justicia restaurativa: tras haber sido víctima de desplazamiento, hoy su tienda de abarrotes es un ejemplo de superación y de cómo la restitución de tierras está cumpliendo con dignidad a las víctimas.
META
Ordenan compensar y reparar integralmente a familia que sufrió despojo de 3.400 hectáreas en Mapiripán
La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá reconoció que una familia fue víctima de desplazamiento forzado y despojo en la vereda La Cooperativa, en zona rural de Mapiripán (Meta), a manos de actores armados ilegales durante los años más crudos del conflicto armado.
El tribunal declaró su derecho fundamental a la restitución de los predios ‘La Rinconada’, ‘La Rinconada I’ y ‘La Rinconada II’, que suman más de 3.400 hectáreas, y ordenó que se realice por compensación económica y/o en equivalente ambiental, debido a las situaciones actuales de reserva forestal y exploración petrolera en la zona.
Los terrenos fueron adquiridos en 1981, cuando el jefe del hogar compró la posesión y mejoras del hato. Años después, el INCORA formalizó la adjudicación de estas tierras rurales a la familia y en 1997 expidió las resoluciones, que quedaron protocolizadas mediante escrituras públicas en febrero de 2000.
La sentencia relata que la familia vivió y trabajó los predios como una sola unidad productiva ganadera. Sin embargo, la violencia irrumpió en 1987 con la llegada de guerrilleros a la zona, quienes comenzaron a llevarse ganado. La situación se agudizó en 1997, tras la toma armada de Mapiripán y los enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares, lo que obligó un desplazamiento inicial de la pareja y sus hijos hacia San Martín (Meta), si bien intentaron mantener la actividad ganadera,
el episodio más devastador ocurrió el 15 de octubre de 1999, cuando miembros del Frente 45 de las Farc, al mando de alias “Beto”, ingresaron a ‘La Rinconada II’, robaron el ganado y quemaron la casa, provocando el abandono definitivo de las tierras y el desplazamiento forzado de la familia hacia Cali.
El tribunal consideró que estos hechos configuraron también despojo, pues años después los terrenos fueron ocupados por terceros sin autorización de los propietarios legítimos. El fallo también dispuso que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) evalúe las adjudicaciones de los predios y determine si es necesaria su revocatoria para garantizar la reparación de las víctimas.
“Esta sentencia reivindica los derechos de los integrantes de esta familia, quienes fueron despojados y desplazados por la violencia en Mapiripán. Es el resultado de un trabajo jurídico riguroso de la URT, en articulación con el tribunal y las entidades del Estado, para garantizar que se haga justicia sin causar nuevos daños”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad en el Meta.
El fallo reconoce que, aunque algunos opositores no acreditaron buena fe exenta de culpa, otros campesinos en situación de vulnerabilidad deben recibir medidas de protección bajo el enfoque de “acción sin daño”, que busca no agravar los conflictos en el territorio.
Fuente: El Diario del Llano
En el marco de la ofensiva nacional contra el narcotráfico, la Policía Nacional incautó 1,2 toneladas de marihuana pertenecientes a las disidencias de las Farc, durante un operativo realizado en el eje vial Bogotá–Villavicencio.
Según el informe policial, el cargamento era transportado en un furgón que cubría la ruta desde Popayán hacia Venezuela, y fue detectado gracias a labores de inteligencia y control desplegadas por unidades de la institución.
El Director General de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, informó que en el procedimiento fue capturado el conductor del vehículo, quien presenta antecedentes judiciales por homicidio, violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas de fuego. Además, el automotor utilizado para el transporte del estupefaciente fue inmovilizado.
Según las autoridades, la marihuana incautada tenía como destino final el mercado venezolano, donde sería distribuida por redes criminales asociadas a las disidencias. Con este resultado se evitó la circulación de aproximadamente 2,4 millones de dosis, representando una afectación a las finanzas ilegales por más de 773 millones de pesos.
La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de control en los corredores estratégicos del país, con el propósito de desarticular las estructuras narcotraficantes y reducir el impacto del crimen organizado en los territorios.
Fuente: El Diario del Llano
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