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Construcción de Autopista Villavicencio – Yopal avanza con 7 frentes de obra
Con siete frentes de obra activos en los municipios de Yopal, Aguazul, Cumaral, Restrepo y Villavicencio se adelanta la construcción de la Autopista Villavicencio – Yopal, concesionada por la Agencia Nacional de Infraestructura.
El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Louis Kleyn, por instrucción de la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y tras realizar un recorrido e inspeccionar de primera mano el corredor, presentó los avances que a la fecha tiene este proyecto de las 4G, en el Taller Construyendo País realizado en Yopal.
“Hemos supervisado las obras preliminares que adelanta el concesionario Covioriente en todo el corredor e hicimos un trabajo de socialización con las comunidades de la vereda La Guafilla, y el corregimiento El Charte, del municipio de Yopal, para atender y resolver las inquietudes frente a temas como la adquisición predial, la vinculación de mano de obra, la contratación de bienes y servicios, y la gestión ambiental. Estamos llegando a las regiones, porque queremos estar con la gente que se beneficia de estos proyectos. Esto significa mayor equidad en la construcción de las obras, lo cual es una prioridad para la región”, aseguró el presidente de la ANI, Louis Kleyn.
Es importante destacar que en el proyecto hay 4 frentes de obra en el tramo Villavicencio – Cumaral, incluidos la variante Cumaral, y tres en la vía Aguazul – Yopal, donde son ejecutadas actividades de descapote, cercamiento, demolición e inspección arqueológica. Además, se realizan acciones para definir las dimensiones de la obra en terreno y poder señalar la ubicación de la cimentación necesarias; se desarrolla también la nivelación de terrenos, excavación para la protección de redes y la perforación para el reconocimiento de características geotécnicas de terrenos.
Se priorizó la adecuación de los terrenos donde serán construidas las segundas calzadas y los dos puentes vehiculares sobre el río Charte, y en febrero iniciarán las obras de la unidad funcional correspondiente al tramo Villanueva – Monterrey (Casanare).
En la actualidad, son más de 900 empleos generados en las regiones de influencia del proyecto. La proyección del concesionario es la vinculación gradual de hasta 9.000 trabajadores en la etapa cumbre de la ejecución del proyecto, que abarca cerca de 266 kilómetros.
En todo el corredor los usuarios cuentan con los servicios propios de una vía concesionada, como lo son grúa, ambulancia, carro taller y básculas de pesaje durante las 24 horas del día, los 365 días del año.
Las obras
La Autopista Villavicencio- Yopal está dividida en 7 unidades funcionales o tramos de obra, que contarán con la construcción de cerca de 41 kilómetros de segunda calzada, 252 kilómetros de intervención de la calzada existente, 14 intersecciones nuevas, 40 puentes peatonales, 47 puentes vehiculares nuevos, la ampliación y repotenciación de 106, y 2 áreas de servicio.
Los trabajos establecidos para el corredor tendrán una duración máxima de 4 años y generarán beneficios encaminados a la dinamización de la movilidad y la competitividad, comodidad y seguridad vial.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
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Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
