CASANARE
En Casanare, ordenan arresto del Presidente de la Nueva EPS por desacato a una Tutela
El Tribunal Administrativo de Casanare ordenó cinco (05) días de arresto y multa de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para el presidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, por desacatar una Acción de Tutela que ordenaba brindar todos los servicios médicos a un menor de edad en la ciudad de Yopal.
La decisión del Tribunal también cobija a la Gerente de la Regional Casanare de la Nueva EPS, Ana María Betancourt Henao, para quien la sanción consiste en multa de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por los mismos hechos.
El 19 de octubre de 2017 el Tribunal Administrativo de Casanare tuteló los derechos del menor representado por su señora madre en la demanda, ordenando al Director de la Nueva EPS que continuara autorizando los servicios médicos solicitados por los especialistas para la atención del menor, así mismo que autorizara y garantizara los gastos de desplazamiento y alojamiento de un acompañante adulto, hacia la ciudad de Villavicencio o cualquier otra fuera de Casanare, cuando se requiriera el traslado del niño para ejecutar las autorizaciones médicas y garantizar la atención en salud de manera integral.
El 22 de noviembre del presente año, el padre del menor informó al Tribunal Administrativo de Casanare, que la Nueva EPS se negó a suministrar un suplemento nutricional ordenado por los médicosa al bebé, ante lo cual debió adquirirlo en una droguería, con el agravante que el niño requiere 12 unidades por mes, lo cual equivale a $675.000.
Ante los reiterados incumplimientos a lo ordenado en el fallo de Tutela, y teniendo en cuenta que la Nueva EPS siempre guardó silencio a las notificaciones de las decisiones del Tribunal Administrativo de Casanare, se abrieron dos incidentes de desacato contra el Director de la entidad a nivel nacional, y contra la Gerente Regional en Casanare, quienes nunca respondieron a los requerimientos del Tribunal, guardando silencio.
“En el expediente no reposa prueba alguna en que evidencie el cumplimiento de la orden judicial garantizando al menor tutelante sus derechos fundamentales a la vida y a la salud de manera integral”, reza una parte del fallo que ordena el arresto y la multa.
Por el reiterado silencio a las decisiones y notificaciones del Tribunal Administrativo de Casanare, se tomó la decisión de ordenar el arresto del Presidente de la Nueva EPS y sancionar con multa, lo mismo que sancionar con multa a la Gerente Regional en Casanare.
El Tribunal ordenó compulsar copias de la decisión a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia, y que estos organismos adelanten los procedimientos pertinentes.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Michael Alexis Botía Gutiérrez, alias “Popi”, y a William Stiven Botía Gutiérrez, hermanos señalados de dedicarse al tráfico local de estupefacientes en distintos sectores de Yopal. Un fiscal de la Seccional Casanare les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Las capturas se realizaron en flagrancia durante una diligencia de allanamiento y registro adelantada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en una vivienda ubicada en el barrio Flor Amarillo de Yopal.
En medio del operativo, las autoridades incautaron un revólver calibre 38, 13 cartuchos, cerca de 300 gramos de clorhidrato de cocaína, 600 gramos de marihuana, cinco teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos utilizados para la dosificación y comercialización de sustancias alucinógenas.
Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Michael Alexis Botía Gutiérrez, mientras avanzan las investigaciones para establecer el alcance de las actividades ilegales que presuntamente desarrollaban los hermanos Botía.
La Alcaldía de Yopal adjudicó oficialmente el contrato para la demolición mecánica de las Torres del Silencio, proyecto de vivienda que durante cerca de 14 años mantuvo en vilo a sus ocupantes, por las protuberantes fallas estructurales que hacían temer que en cualquier momento iban a colapsar, por lo que las autoridades, después de un estudio de patología y muchas cosas más, determinaron que lo mejor era evacuarlas y demolerlas, para dar paso a un nuevo proyecto.
De acuerdo con el proceso publicado en SECOP II, la Licitación Pública fue otorgada a la empresa Ingoser Ingeniería de Obras y Servicios S.A.S., domiciliada en Fonseca, Guajira. Se presentaron cinco oferentes a nivel nacional, y tras cumplir cada una de las etapas únicamente Ingoser S.A.S. logró quedar habilitada en todos los requisitos exigidos.
El contrato fue adjudicado por un valor de $1.593.743.720, con un plazo de 45 días de ejecución y contempla la demolición de la infraestructura de las torres, una vez se complete la etapa de legalización y firma electrónica del contrato.
Luego de esta adjudicación, cuya audiencia final duró cerca de 8 horas con suspensiones y demás, la Alcaldía de Yopal debe dar inicio en próximos días, a la demolición de las Torres del Silencio, para que la Gobernación entre a construir el nuevo proyecto.
Un robusto dique construido en la vereda San Pascual en Yopal, ha devuelto la tranquilidad a más de 500 familias de El Amparo, San Pascual y El Barbillal, protegiéndolas de las fuertes crecientes del río Cravo Sur. La obra, entregada hace un año, ha permitido que comunidades campesinas vuelvan a sembrar y transitar con normalidad en zonas que antes eran arrasadas por el afluente.
Con la llegada de la actual temporada de lluvias, Wilson Porras, director de Gestión del Riesgo, realizó un monitoreo exhaustivo al comportamiento de la estructura. Los resultados confirmaron su efectividad, garantizando la protección de cultivos, viviendas y la vía de acceso, puntos críticos que históricamente sufrían las embestidas del río.
La obra, culminada en mayo de 2025, se ejecutó mediante la instalación de bolsas tipo big bag y mantos de control de erosión en un punto donde el afluente solía desbordarse. Durante años, las familias campesinas presenciaron cómo el río destruía sus sembrados, aislaba sus viviendas y convertía amplias zonas productivas en terrenos inservibles; un panorama que hoy ha cambiado radicalmente.
Este proyecto se erige como un modelo de articulación interinstitucional, involucrando al gobierno de César Ortiz Zorro, la Alcaldía de Yopal, diputados, el sector privado y la propia comunidad. El éxito y el impacto positivo de la intervención han llevado a que esta obra sea tomada como piloto para la construcción de cinco jarillones adicionales, que actualmente se están finalizando en los municipios de Paz de Ariporo, Nunchía, Trinidad, Aguazul y Villanueva.
