META
4 años de cárcel para un exmilitar en Villavicencio, por evadirse con material de guerra
Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía capturaron en la ciudad de Cali, a Juan Carlos Herrera Campos, integrante del Ejército Nacional, quien era requerido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Villavicencio (Meta), para que cumpla una condena de cuatro años de prisión.
La captura de Herrera Campos fue ordenada el 13 de junio de 2018 dentro de una investigación, luego de que el uniformado fuera condenado por los delitos de hurto calificado y agravado, tráfico, fabricación y porte de armas de dotación de las Fuerzas Militares, y peculado por apropiación.
Herrera Campos había sido investigado por la Justicia Penal Militar el 15 de julio de 2012, luego de que el comandante de la compañía Cobalto del Batallón de Construcción No 51 de Villavicencio reportara su ausencia en las filas, y se comprobara que había huido con el material de guerra e intendencia asignado a él, y a otros dos efectivos del batallón.
Instaurada la denuncia en la Fiscalía Seccional, se inició la búsqueda en su momento del desertor en la zona rural del municipio de Granada en donde las unidades militares realizaban labores de vigilancia y control.
Luego de labores de inspección y búsqueda varios soldados de la compañía capturaron al sujeto, hallándole en su poder un fusil Galil, un mortero de 60 milímetros, municiones y una pistola 9 milímetros, entre otros materiales de guerra.
Herrera Campos había quedado en libertad pero la investigación continuó, hasta que a mediados del año anterior se produjo la mencionada condena y la posterior expedición de la orden de captura, la cual se hizo efectiva en la ciudad de Cali donde el sujeto se había refugiado para evadir la acción de las autoridades.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
