REGIÓN
32 municipios boyacenses no cuentan con agua potable en zona urbana
Según el último informe del Índice de Riesgo de Calidad de Agua Potable -IRCA-, presentado por la Secretaría de Salud de Boyacá para el año 2020, 32 acueductos en la zona urbana, se encuentran con un riesgo en la calidad del agua, lo cual puede afectar la salud de los boyacenses.
El año 2020 fue muy difícil debido a la pandemia por COVID-19, en el que el agua se convirtió en un elemento vital para contener la enfermedad, razón por la cual se pudo evidenciar que en la zona urbana mejoró su calidad en la mayoría de los municipios.
Sin embargo, 32 acueductos de la zona urbana continúan con agua de mala calidad generando preocupación, de los cuales 21 están en riesgo bajo, los municipios de Briceño, Caldas, Corrales, Covarachía, Floresta, Gámeza, Motavita, San Mateo, Toca y Tópaga en riesgo medio y el municipio de Sutamarchán en riesgo alto, estos últimos no han mejorado su calidad durante los últimos años y continúan con agua no apta para consumo humano.
Por esta razón, piden a la comunidad de la zona rural para que se concienticen de la necesidad de trabajar unidos y fortalecidos, en busca de soluciones rápidas, para mejorar las condiciones de agua como líquido fundamental para la salud humana.
Fuente: Gobernación de Boyacá
REGIÓN
Investigan al exgobernador de Boyacá Ramiro Barragán por contratar obras con Fondos Mixtos
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.


