META
27 sentencias de restitución de tierras en el Meta reconocen a segundos ocupantes
Los Jueces y Magistrados de Restitución de Tierras han proferido 27 sentencias que reconocen a segundos ocupantes en el departamento del Meta.
Esto tiene que ver con aquellas personas que habitan el predio solicitado en restitución, pero que no tienen relación con los despojadores ni adquirieron ilegalmente el predio.
Uno de estos fallos es el recientemente proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, en el que ordenó compensar a los solicitantes de un predio en la inspección de La Julia, en Uribe, Meta y, a su vez, reconoce la calidad de segundos ocupantes a una pareja de adultos mayores y les permite continuar habitando ese terreno.
En este caso, las pruebas que reposan en el expediente indican que “no hay indicio de que el segundo ocupante haya tenido relación alguna con los hechos victimizantes padecidos por la reclamante y su familia, por el contrario, el opositor no tiene antecedentes penales y se pudo constatar que fue víctima de la violencia. Además, actualmente no puede dedicarse a ninguna labor, porque padece la enfermedad Parkinson y asegura vivir de ayudas que recibe de sus vecinos”.
Con el ánimo de garantizar la representación judicial a quienes tienen relación o interés por el predio solicitado en restitución, se expidió la instrucción administrativa conjunta 002 entre la Unidad de Restitución de Tierras y la Defensoría del Pueblo para la articulación institucional y garantía de los derechos fundamentales de las partes involucradas en el proceso.
En cumplimiento de dicha instrucción y ante la necesidad de fortalecer la representación, así como la participación de la población vulnerable en procesos de restitución, especialmente en aquellas situaciones en las que existen terceros en condición de vulnerabilidad en el departamento del Meta, la Defensoría del Pueblo y la Unidad, a través de la Mesa Bilateral, están garantizando la atención jurídica a 25 familias vinculadas al proceso de restitución en el departamento del Meta.
Fuente:
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
