CASANARE
250 familias de Vichada cambiaron los cultivos ilícitos por cacao
El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, asistió este miércoles a la graduación de 250 familias de la inspección de Wérima, en Cumaribo, Vichada. Ellos terminaron su paso a la legalidad, en el proceso del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), y dejaron atrás los cultivos de coca.
Ante los beneficiarios del PNIS, líderes comunales que llegaron desde las 32 veredas de Cumaribo, uno de los municipios más extensos del mundo, con 64 mil kilómetros cuadrados (más grande que 51 países), el Consejero Archila renovó el compromiso del Presidente Iván Duque Márquez de cumplirles a las 100 mil familias que están en acuerdos individuales de sustitución de cultivos y manifestó que el Gobierno no ahorrará esfuerzos en la lucha integral contra el narcotráfico y sus eslabones de crímenes y de violencia.
El Consejero hizo la afirmación en medio de una calle de honor conformada con niños que tenían banderas de Colombia al lado de la pista, donde hace más de 30 años el narcotráfico movía aviones cargados de coca.
En la entrega de los diplomas, en inmediaciones de un trapiche, cada uno de los campesinos expresó su fe en el futuro inmediato, con la esperanza de que haya prontas soluciones a otros requerimientos, como salud, vías terciarias y conectividad.
El Consejero Archila destacó los valores y la templanza de los campesinos colombianos, y en especial la actitud de pensar siempre en el futuro de sus familias.
Agregó que si bien el Gobierno cumplirá a las familias vinculadas al PNIS, la acción contra los cultivos ilícitos se complementará con acciones como Formalizar para Sustituir y el pago por servicios ambientales.
Cabe indicar que el Consejero Archila aprovechó la visita a Wérima para hacer la entrega de un trapiche panelero y una trilladora de arroz, con recursos por 135 millones de pesos. “Así seguimos construyendo Paz con Legalidad”, aseguró.
Cabe resaltar que durante la reunión en Wérima se dio lectura a una carta de la citada empresa, en la que se informa a los campesinos que el cacao producido allí es de alta calidad y que pronto será comercializado en Europa.
A su turno, el Gobernador del Vichada, Álvaro León, aseveró que “es un día muy importante para la gente que abandonó los duros años de los cultivos ilícitos y que hoy tiene, a partir del cacao y otras actividades, la oportunidad de vivir en paz dentro de la legalidad”.
Fuente: Presidencia de la República
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
