REGIÓN
13 líderes sociales han sido asesinados en lo corrido del año en los llanos orientales
La Defensoría del Pueblo reveló que entre el primero de enero y el 31 de julio del 2022 se presentaron 122 homicidios contra líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos.
Así lo reveló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en el marco de la audiencia y presentación del informe de Violencias contra Líderes Sociales el cual advierte que Cauca con 19 homicidios, Nariño con 17, Antioquia con 12 y Putumayo con 11, son los departamentos con el mayor número de casos en los que líderes y lideresas fueron asesinados.
A esta desafortunada cifra se suman: Arauca 9 homicidios, Valle del Cauca 9, Bolívar 7, Tolima 6, Caquetá 5, Norte de Santander 4, Cesar 3, Chocó 3, Meta 3, Sucre 2, San Andrés 2. La Guajira, Córdoba, Santander, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Casanare, Guaviare, Bogotá y Risaralda con un caso cada uno.
Precisamente, en Nariño ha habido un incremento de los homicidios en los últimos años, pasando de 6 casos en 2016 a 14 en 2020 y en los primeros siete meses de 2022 ya se han presentado 17 muertes. Tumaco, con 7 homicidios, es la región en la que más se han presentado el mayor número de muertes violentas contra los líderes, le siguen Barbacoas con 4, Manalla, Olaya Herrera, Samaniego, Leyva, Córdoba, Guachucal, con un caso cada uno.
Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, los líderes comunales representan el mayor número de muertes violentas en todo el país con 33 casos, indígenas 27 casos, y comunitarios 25 casos. Además el 93% de los homicidios fueron contra personas de sexo masculino y 7% contra personas de sexo femenino.
De la misma forma, se observa un incremento en el número de casos, ya que durante el mismo periodo de 2020 se habían registrado 106 homicidios y en 2021 la cifra había llegado a 90 casos.
Fuente: Defensoría del Pueblo
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
